El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en segunda vuelta, al proyecto de ley que pretende reformar el sistema educativo de España. La iniciativa, promovida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, tiene como objetivo reducir el número máximo de estudiantes por aula y disminuir las horas lectivas del profesorado, cumpliendo así el compromiso de priorizar a los docentes durante esta legislatura.
Aspectos clave de la nueva ley: Menos alumnos, mayor atención
La propuesta establece un nuevo marco regulador para las ratios de alumnado y las horas de docencia directa, con la intención de ofrecer una educación más individualizada y equitativa en todo el país.
1. Reducción de las ratios escolares
La aplicación será progresiva para permitir la adaptación paulatina de los centros, culminando en el curso 2031-2032:
- Primaria: Se reducirá el máximo de 25 a 22 alumnos por aula, con inicio previsto en 2027-2028.
- Secundaria: El límite máximo bajará de 30 a 25 estudiantes, comenzando en el curso 2028-2029.
- Bachillerato: Se implementará a partir del curso 2029-2030.
2. Jornada lectiva del profesorado
Se establece un límite legal máximo de horas lectivas para unificar las condiciones entre las comunidades autónomas:
- Infantil, Primaria y Educación Especial: Tope de 23 horas semanales.
- Secundaria y Bachillerato: Máximo de 18 horas por semana.
Prioridad en inclusión: El alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) contará como dos plazas en los centros financiados con fondos públicos. Esta medida entrará en vigor en el curso 2026-2027.
Calendario y retos en el Parlamento
Aunque el Gobierno se muestra optimista, la aprobación definitiva enfrenta complejidades. Los cambios relacionados con la jornada docente y la consideración de las NEEs están previstos para el curso siguiente, pero la tramitación en el Congreso y el Senado podría retrasar los plazos establecidos. El cierre del periodo ordinario de sesiones en junio limita el margen para propuestas de enmienda.
Además, algunas comunidades autónomas bajo gobiernos del PP han expresado la necesidad de disponer de más tiempo y recursos para implementar estos cambios, debido al impacto presupuestario que conlleva la contratación de nuevo personal docente.
Consenso con ciertos matices
La ministra Tolón ha señalado que el proyecto cuenta con el apoyo unánime del Consejo Escolar del Estado y el respaldo de los sindicatos. Sin embargo, el sector educativo mantiene la demanda de que la consideración de «doble plaza» abarque también a estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que la reducción de la jornada lectiva se extienda a la enseñanza concertada.
Para abordar estas desigualdades, la propuesta incluye la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica, que permitirá identificar y asignar más recursos a los centros ubicados en áreas con mayor complejidad social.
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