El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el esperado Estatuto del Becario, una regulación destinada a normar las prácticas académicas en empresas, asegurar una compensación económica por gastos y limitar el uso de becarios para cubrir puestos de trabajo permanentes.
Aunque el Ejecutivo ha dado este paso, la norma comienza ahora un proceso parlamentario con posibilidades inciertas debido a la configuración actual del Congreso, que podría dificultar su ratificación definitiva.
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Aspectos clave de la normativa
Este texto, resultado de un extenso proceso de diálogo, se sustenta en tres pilares esenciales para proteger los derechos de los estudiantes:
- Reembolso de gastos: Las empresas deberán cubrir los gastos relacionados con desplazamientos, alojamiento o manutención de los becarios, salvo que estos estén ya subvencionados mediante una beca pública.
- Restricciones a prácticas extracurriculares: Se limita la duración y número de horas de las prácticas que no forman parte del plan académico oficial, con el propósito de evitar que se usen como una forma encubierta de trabajo precario.
- Derechos y prohibiciones: Los becarios contarán con derecho a vacaciones, días festivos y acceso a los mismos servicios que los empleados regulares (comedor, espacios comunes, etc.). Además, se prohíbe que los becarios sustituyan a trabajadores de plantilla.
Un contexto político complicado
Aunque la mayoría de sindicatos respaldan la norma, el texto enfrenta dificultades en el Parlamento:
- Escasos apoyos: La división dentro del Congreso, junto con la reticencia de ciertos aliados habituales del Gobierno y el rechazo anterior de la patronal CEOE, dificultan alcanzar la mayoría necesaria para su aprobación.
- Preocupaciones de las universidades: Varias instituciones académicas han expresado inquietudes acerca de la carga administrativa y la posible reducción en la oferta de plazas de prácticas debido a las nuevas obligaciones económicas para las empresas.
- Incertidumbre en el proceso legislativo: Si el Gobierno no consigue asegurar los votos de grupos nacionalistas o sectores minoritarios de izquierda, el Estatuto podría no aprobarse y quedar sin efecto antes de su entrada en vigor.
El propósito: eliminar al «falso becario»
Desde el Ministerio de Trabajo se subraya que esta legislación representa «una cuestión de dignidad». Se busca eliminar la figura del joven que acumula contratos de prácticas para realizar tareas que implican responsabilidades sin recibir remuneración ni contar con derechos laborales esenciales, garantizando que el periodo formativo cumpla su función educativa.
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