CASTELLÓN. — Cerca de tres décadas después de haberse originado las primeras denuncias falsas, la Audiencia de Castellón celebra desde este octubre el juicio contra seis individuos acusados de propagar el conocido como bulo del ‘Bar España’. El proceso judicial, que tendrá seis sesiones entre el 16 y el 26 de octubre, busca establecer responsabilidades penales y civiles por supuestos delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad.
El caso no reabrirá la indagación sobre la inexistente red de pederastia —una cuestión descartada por la justicia hace años—, sino que se focalizará exclusivamente en las repercusiones y los perjuicios ocasionados a decenas de personas que fueron públicamente señaladas por esta historia conspirativa.
De un conflicto familiar a la teoría conspirativa
El origen del asunto se sitúa en 1997 en Benicarló, localidad de Castellón. Tras desestimarse una denuncia por supuestos abusos presentada por Reinaldo Colás (fallecido en 2017), este comenzó a difundir, junto al supuesto criminólogo Antonio Toscano, que sus hijas habían sido captadas por una red oculta de pederastia que operaba en un establecimiento de carretera cerca de la N-340, conocido como Bar España.
Con el paso del tiempo, y alimentado por la recopilación de testimonios grabados y la expansión de las redes sociales, el relato fue incorporando elementos de ritos satánicos, sacrificios y conspiraciones de alcance nacional. Falsamente, la narrativa relacionó esta trama con crímenes como los de Alcàsser o Macastre, señalando además a destacados políticos de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, incluyendo a Francisco Camps, Mónica Oltra, Carlos Fabra y Gabriela Bravo.
Más de treinta testigos y responsabilidades civiles
A pesar de que Colás fue condenado en su momento por denuncia falsa y calumnias, la historia continuó circulando de manera viral en el entorno digital durante décadas, lo que derivó en un acoso constante hacia representantes públicos y miembros del estamento judicial.
En la audiencia que inicia la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón se tiene prevista la comparecencia de más de treinta testigos, incluyendo varios exdirigentes políticos afectados. Además de los seis acusados, aparece como responsable civil el editor de un medio digital que difundió y apoyó estas falsas acusaciones.
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El caso no reabrirá la indagación sobre la inexistente red de pederastia —una cuestión descartada por la justicia hace años—, sino que se focalizará exclusivamente en las repercusiones y los perjuicios ocasionados a decenas de personas que fueron públicamente señaladas por esta historia conspirativa.
De un conflicto familiar a la teoría conspirativa
El origen del asunto se sitúa en 1997 en Benicarló, localidad de Castellón. Tras desestimarse una denuncia por supuestos abusos presentada por Reinaldo Colás (fallecido en 2017), este comenzó a difundir, junto al supuesto criminólogo Antonio Toscano, que sus hijas habían sido captadas por una red oculta de pederastia que operaba en un establecimiento de carretera cerca de la N-340, conocido como Bar España.
Con el paso del tiempo, y alimentado por la recopilación de testimonios grabados y la expansión de las redes sociales, el relato fue incorporando elementos de ritos satánicos, sacrificios y conspiraciones de alcance nacional. Falsamente, la narrativa relacionó esta trama con crímenes como los de Alcàsser o Macastre, señalando además a destacados políticos de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, incluyendo a Francisco Camps, Mónica Oltra, Carlos Fabra y Gabriela Bravo.
Más de treinta testigos y responsabilidades civiles
A pesar de que Colás fue condenado en su momento por denuncia falsa y calumnias, la historia continuó circulando de manera viral en el entorno digital durante décadas, lo que derivó en un acoso constante hacia representantes públicos y miembros del estamento judicial.
En la audiencia que inicia la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón se tiene prevista la comparecencia de más de treinta testigos, incluyendo varios exdirigentes políticos afectados. Además de los seis acusados, aparece como responsable civil el editor de un medio digital que difundió y apoyó estas falsas acusaciones.
CASTELLÓN. — Cerca de tres décadas después de haberse originado las primeras denuncias falsas, la Audiencia de Castellón celebra desde este octubre el juicio contra seis individuos acusados de propagar el conocido como bulo del ‘Bar España’. El proceso judicial, que tendrá seis sesiones entre el 16 y el 26 de octubre, busca establecer responsabilidades penales y civiles por supuestos delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad.
El caso no reabrirá la indagación sobre la inexistente red de pederastia —una cuestión descartada por la justicia hace años—, sino que se focalizará exclusivamente en las repercusiones y los perjuicios ocasionados a decenas de personas que fueron públicamente señaladas por esta historia conspirativa.
De un conflicto familiar a la teoría conspirativa
El origen del asunto se sitúa en 1997 en Benicarló, localidad de Castellón. Tras desestimarse una denuncia por supuestos abusos presentada por Reinaldo Colás (fallecido en 2017), este comenzó a difundir, junto al supuesto criminólogo Antonio Toscano, que sus hijas habían sido captadas por una red oculta de pederastia que operaba en un establecimiento de carretera cerca de la N-340, conocido como Bar España.
Con el paso del tiempo, y alimentado por la recopilación de testimonios grabados y la expansión de las redes sociales, el relato fue incorporando elementos de ritos satánicos, sacrificios y conspiraciones de alcance nacional. Falsamente, la narrativa relacionó esta trama con crímenes como los de Alcàsser o Macastre, señalando además a destacados políticos de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, incluyendo a Francisco Camps, Mónica Oltra, Carlos Fabra y Gabriela Bravo.
Más de treinta testigos y responsabilidades civiles
A pesar de que Colás fue condenado en su momento por denuncia falsa y calumnias, la historia continuó circulando de manera viral en el entorno digital durante décadas, lo que derivó en un acoso constante hacia representantes públicos y miembros del estamento judicial.
En la audiencia que inicia la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón se tiene prevista la comparecencia de más de treinta testigos, incluyendo varios exdirigentes políticos afectados. Además de los seis acusados, aparece como responsable civil el editor de un medio digital que difundió y apoyó estas falsas acusaciones.
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El caso no reabrirá la indagación sobre la inexistente red de pederastia —una cuestión descartada por la justicia hace años—, sino que se focalizará exclusivamente en las repercusiones y los perjuicios ocasionados a decenas de personas que fueron públicamente señaladas por esta historia conspirativa.
De un conflicto familiar a la teoría conspirativa
El origen del asunto se sitúa en 1997 en Benicarló, localidad de Castellón. Tras desestimarse una denuncia por supuestos abusos presentada por Reinaldo Colás (fallecido en 2017), este comenzó a difundir, junto al supuesto criminólogo Antonio Toscano, que sus hijas habían sido captadas por una red oculta de pederastia que operaba en un establecimiento de carretera cerca de la N-340, conocido como Bar España.
Con el paso del tiempo, y alimentado por la recopilación de testimonios grabados y la expansión de las redes sociales, el relato fue incorporando elementos de ritos satánicos, sacrificios y conspiraciones de alcance nacional. Falsamente, la narrativa relacionó esta trama con crímenes como los de Alcàsser o Macastre, señalando además a destacados políticos de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, incluyendo a Francisco Camps, Mónica Oltra, Carlos Fabra y Gabriela Bravo.
Más de treinta testigos y responsabilidades civiles
A pesar de que Colás fue condenado en su momento por denuncia falsa y calumnias, la historia continuó circulando de manera viral en el entorno digital durante décadas, lo que derivó en un acoso constante hacia representantes públicos y miembros del estamento judicial.
En la audiencia que inicia la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón se tiene prevista la comparecencia de más de treinta testigos, incluyendo varios exdirigentes políticos afectados. Además de los seis acusados, aparece como responsable civil el editor de un medio digital que difundió y apoyó estas falsas acusaciones.

















