El Consejo de Ministros autoriza un decreto que facilitará permisos de residencia y trabajo a casi un millón de personas, con un control más estricto de antecedentes penales
Este martes 14 de abril, el Gobierno ha aprobado el decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular. Se calcula que entre 500.000 y un millón de personas que ya residen y trabajan en España podrán acceder a un permiso de residencia y trabajo con una validez inicial de un año. Tras las recomendaciones del Consejo de Estado, el reglamento final ha reforzado los controles, especialmente en materia de seguridad jurídica y antecedentes penales.
Fechas y plazos para presentar solicitudes
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha informado sobre el calendario previsto para iniciar los trámites:
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- Jueves 16 de abril: Comienza la presentación de solicitudes de manera telemática.
- Lunes 20 de abril: Se habilita la atención presencial en las oficinas autorizadas, previa cita.
- 30 de junio: Fecha límite para entregar la documentación requerida.
- Resolución: La respuesta a los solicitantes se emitirá en un plazo de entre 15 días y tres meses.
Requisitos y verificación de antecedentes penales
Los interesados deberán demostrar una residencia continua en España durante al menos cinco meses (tomando como referencia el 1 de enero de 2026) y no poseer antecedentes penales.
Un aspecto muy debatido ha sido la comprobación de la ausencia de antecedentes. Finalmente, el Gobierno ha descartado aceptar únicamente la declaración jurada como prueba definitiva. En caso de no obtener el certificado policial de su país, el solicitante podrá presentar una declaración responsable, lo que activará la intervención del Ministerio de Justicia. Esta cartera gestionará la verificación con las autoridades del país de origen mediante contactos diplomáticos.
Exclusiones y detalles del decreto
El texto final del decreto incorpora cambios importantes respecto al borrador inicial:
- Exclusión de apátridas: El colectivo saharaui y otros grupos apátridas quedan excluidos de esta regularización extraordinaria, ya que su situación jurídica requiere procedimientos específicos para evitar conflictos legales.
- Protección internacional: Se incluyen a quienes están en trámite de solicitud de protección internacional dentro del proceso de regularización.
Con esta medida, que cuenta con el respaldo de diversos sectores sociales y económicos, el Ejecutivo pretende incorporar al sistema legal a una parte significativa de trabajadores que ya aportan a la economía, al tiempo que fortalece el control del cumplimiento de la normativa vigente.
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