APM y Francisco de Vitoria critican al ministro de Justicia por cuestionar la independencia judicial tras sus comentarios sobre Begoña Gómez
La relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial ha llegado a un punto de tensión notable este martes 14 de abril. Las asociaciones judiciales líderes en España han considerado «inadmisibles» las recientes declaraciones realizadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El ministro señaló que la investigación llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado, que propone juzgar a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos, «ha provocado vergüenza en numerosos ciudadanos y jueces».
La APM reclama «respeto institucional»
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector judicial, emitió un comunicado contundente solicitando al ministro «respeto institucional y moderación». Según esta entidad, no es apropiado que un miembro del Ejecutivo atribuya supuestos «estado de ánimo colectivos» a los jueces ni que utilice descalificaciones públicas para enfrentar decisiones judiciales.
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La APM recuerda que en una democracia los fallos judiciales se cuestionan mediante el procedimiento de recursos y no a través del desacreditamiento público. «Es esencial defender la independencia judicial, especialmente cuando las resoluciones no convienen a los intereses gubernamentales», enfatiza la asociación.
Preocupación por el desprestigio del sistema judicial
Simultáneamente, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en representación, manifestó su «gran inquietud» por el impacto negativo que estas declaraciones ocasionan en la imagen de la Justicia. Para la AJFV, las palabras de Bolaños constituyen un «ataque directo a la división de poderes» y fomentan una desconfianza ciudadana infundada.
Esta organización hace un llamado a la responsabilidad de las instituciones públicas y destaca que mantener la confianza en el sistema judicial es una «obligación democrática esencial». Ambas asociaciones coinciden en que el daño a la reputación de la Justicia provocado por estas críticas podría ser difícil de revertir, instando al Gobierno a respetar los protocolos institucionales.
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