La Policía Nacional ha localizado e identificado a 2.168 menores de edad en Ceuta desde el 30 de julio —fecha en la que se produjo la entrada masiva de personas desde Marruecos— hasta las 9:00 horas de este martes, 18 de agosto, según las fuentes del Ministerio del Interior.
Los agentes han ido trasladando de forma progresiva a estos niños y adolescentes al Gobierno de Ceuta, que está al límite del colapso asistencial tras recibir entre 70.000 y 80.000 migrantes en los últimos dos días de julio.
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El Gobierno tratará su caso con las comunidades autónomas
Los menores siguen alojados en la ciudad autónoma mientras se buscan soluciones tanto operativas como políticas, ya sea por repatriación a sus países de origen o por traslado a otras comunidades para aliviar la capacidad de acogida local.
En el grupo de menores identificados destacan niños y jóvenes originarios de países del África subsahariana como Chad o Sudán, quienes escapan de conflictos armados y situaciones humanitarias graves, y tienen derecho a solicitar protección internacional. En este contexto, la ONG Save the Children ha pedido que se priorice la atención a mujeres, niñas y adolescentes, quienes enfrentan riesgos adicionales como matrimonios forzados, violencia sexual y trata de personas.
Para encontrar una solución conjunta, el Gobierno nacional ha convocado para la próxima semana una Conferencia Sectorial con las autonomías. En esta reunión se debatirá la reubicación territorial de menores en zonas con alta presión como Ceuta y se definirá la transferencia de 25 millones de euros acordada por el Ejecutivo para cubrir la atención inmediata en la ciudad autónoma.
No obstante, lograr un acuerdo parece complicado:
- Gobiernos autonómicos del PP: Se oponen a la discusión, rechazando el sistema de reparto propuesto por el Ministerio.
- Ejecutivos con coalición de Vox (Aragón, Extremadura y Castilla y León): No han querido participar en la negociación, al oponerse completamente a la acogida de menores migrantes en sus territorios.
El complejo marco legal para la devolución a los países de origen
En relación con las solicitudes de retorno, la devolución no es un proceso ni sencillo ni inmediato. La normativa española e internacional exige que cada expediente de retorno se base en un análisis individual que demuestre que regresar es la opción que más protege el «interés superior del menor».
En este ámbito destaca la sentencia del Tribunal Supremo, que consideró ilegal la devolución masiva de menores realizada tras la crisis migratoria de 2021 en Ceuta, debido a la «total falta» de cumplimiento de las garantías procesales previstas en la Ley de Extranjería.
A pesar de que España tiene desde 2007 un acuerdo bilateral con Marruecos para la repatriación coordinada de menores, la jurisprudencia indica que dicho acuerdo no excluye el cumplimiento de los procedimientos individuales:
- Informe socioeconómico: La Delegación del Gobierno debe obtener un informe de las autoridades del país de origen que detalle la situación familiar y socioeconómica del joven para asegurar que recibirá atención adecuada.
- Garantías para el menor: El menor tiene derecho a ser escuchado, a tener representación legal y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión de retorno.
- Opción institucional: La normativa permite también entregar al menor a los servicios de protección del país de origen, siempre que se justifique técnicamente que la red pública extranjera brindará mejor atención que la que recibiría en España.
Por las exigencias de este procedimiento, en la práctica las devoluciones se ejecutan en muy pocas ocasiones.
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