El Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, que el Ejecutivo incluyó en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, todavía no ha sido aprobado casi cinco años después. La ausencia de una fecha para su conclusión vuelve a situarse en el centro del debate tras la masiva llegada de migrantes que ha obligado al Gobierno a desplegar militares y refuerzos policiales en Ceuta.
El Ejecutivo mantiene pendiente la finalización del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, compromiso adquirido en diciembre de 2021 con la aprobación de la actual Estrategia de Seguridad Nacional.
El documento oficial señalaba que ambas ciudades ameritan una “atención especial” por parte del Estado debido a su localización en el norte de África y a la característica singular de una frontera que también representa un límite exterior de la Unión Europea. Entre las medidas contempladas estaba la elaboración de un plan específico para estas dos ciudades.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha establecido un calendario para la finalización del proyecto. En una contestación parlamentaria de mayo de 2026, el Gobierno informó que un equipo interministerial había trabajado en un documento base para desarrollos posteriores en los ministerios, pero confirmó que no hay una fecha establecida para concluir el plan.
Este tema cobró relevancia tras el paso por tierra y mar desde Marruecos hacia Ceuta de miles de personas, lo que superó la capacidad ordinaria de vigilancia, seguridad y acogida de la ciudad autónoma.
Ante la cantidad de llegadas, el Gobierno decidió el despliegue de 60 militares y 200 agentes policiales para respaldar a los efectivos ya presentes en Ceuta. Las Fuerzas Armadas apoyan a la Guardia Civil y no han asumido completamente el control fronterizo.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 advertía que factores como el cambio climático, la inestabilidad política o las crisis económicas podían intensificar los movimientos migratorios masivos. Además, señalaba que la vigilancia de fronteras, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las redes de tráfico humano requerían atención constante.
El plan pendiente estaba diseñado para fortalecer la preparación y coordinación ante crisis. Sin embargo, al no haberse aprobado, no se conocen las medidas, recursos, protocolos o mecanismos de coordinación que podría incluir.
No es posible afirmar que su implementación hubiera evitado la crisis migratoria actual, ya que el control de entradas a Ceuta depende también de la colaboración de Marruecos, la actuación de las fuerzas de seguridad y otros factores diplomáticos, sociales y humanitarios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al Partido Popular, han solicitado al Ejecutivo que declare la situación de interés para la Seguridad Nacional y mejore la coordinación entre administraciones. Sin embargo, el Gobierno ha movilizado los recursos militares y policiales sin activar dicho mecanismo excepcional.
La Ley de Seguridad Nacional establece que una situación de interés nacional puede declararse cuando la gravedad, urgencia y alcance de una crisis requieren una coordinación reforzada. Esta decisión corresponde al presidente del Gobierno mediante real decreto y no implica la suspensión de derechos fundamentales ni reemplaza los estados de alarma o excepción.
La falta del plan abre nuevamente dudas respecto a la capacidad preventiva del Estado en estas dos regiones cuya vulnerabilidad fue expresamente reconocida por el Ejecutivo. Mientras se mantiene el despliegue para hacer frente a la emergencia, Ceuta y Melilla continúan sin contar con el instrumento integral de seguridad anunciado en 2021.
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El Ejecutivo mantiene pendiente la finalización del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, compromiso adquirido en diciembre de 2021 con la aprobación de la actual Estrategia de Seguridad Nacional.
El documento oficial señalaba que ambas ciudades ameritan una “atención especial” por parte del Estado debido a su localización en el norte de África y a la característica singular de una frontera que también representa un límite exterior de la Unión Europea. Entre las medidas contempladas estaba la elaboración de un plan específico para estas dos ciudades.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha establecido un calendario para la finalización del proyecto. En una contestación parlamentaria de mayo de 2026, el Gobierno informó que un equipo interministerial había trabajado en un documento base para desarrollos posteriores en los ministerios, pero confirmó que no hay una fecha establecida para concluir el plan.
Este tema cobró relevancia tras el paso por tierra y mar desde Marruecos hacia Ceuta de miles de personas, lo que superó la capacidad ordinaria de vigilancia, seguridad y acogida de la ciudad autónoma.
Ante la cantidad de llegadas, el Gobierno decidió el despliegue de 60 militares y 200 agentes policiales para respaldar a los efectivos ya presentes en Ceuta. Las Fuerzas Armadas apoyan a la Guardia Civil y no han asumido completamente el control fronterizo.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 advertía que factores como el cambio climático, la inestabilidad política o las crisis económicas podían intensificar los movimientos migratorios masivos. Además, señalaba que la vigilancia de fronteras, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las redes de tráfico humano requerían atención constante.
El plan pendiente estaba diseñado para fortalecer la preparación y coordinación ante crisis. Sin embargo, al no haberse aprobado, no se conocen las medidas, recursos, protocolos o mecanismos de coordinación que podría incluir.
No es posible afirmar que su implementación hubiera evitado la crisis migratoria actual, ya que el control de entradas a Ceuta depende también de la colaboración de Marruecos, la actuación de las fuerzas de seguridad y otros factores diplomáticos, sociales y humanitarios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al Partido Popular, han solicitado al Ejecutivo que declare la situación de interés para la Seguridad Nacional y mejore la coordinación entre administraciones. Sin embargo, el Gobierno ha movilizado los recursos militares y policiales sin activar dicho mecanismo excepcional.
La Ley de Seguridad Nacional establece que una situación de interés nacional puede declararse cuando la gravedad, urgencia y alcance de una crisis requieren una coordinación reforzada. Esta decisión corresponde al presidente del Gobierno mediante real decreto y no implica la suspensión de derechos fundamentales ni reemplaza los estados de alarma o excepción.
La falta del plan abre nuevamente dudas respecto a la capacidad preventiva del Estado en estas dos regiones cuya vulnerabilidad fue expresamente reconocida por el Ejecutivo. Mientras se mantiene el despliegue para hacer frente a la emergencia, Ceuta y Melilla continúan sin contar con el instrumento integral de seguridad anunciado en 2021.
El Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, que el Ejecutivo incluyó en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, todavía no ha sido aprobado casi cinco años después. La ausencia de una fecha para su conclusión vuelve a situarse en el centro del debate tras la masiva llegada de migrantes que ha obligado al Gobierno a desplegar militares y refuerzos policiales en Ceuta.
El Ejecutivo mantiene pendiente la finalización del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, compromiso adquirido en diciembre de 2021 con la aprobación de la actual Estrategia de Seguridad Nacional.
El documento oficial señalaba que ambas ciudades ameritan una “atención especial” por parte del Estado debido a su localización en el norte de África y a la característica singular de una frontera que también representa un límite exterior de la Unión Europea. Entre las medidas contempladas estaba la elaboración de un plan específico para estas dos ciudades.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha establecido un calendario para la finalización del proyecto. En una contestación parlamentaria de mayo de 2026, el Gobierno informó que un equipo interministerial había trabajado en un documento base para desarrollos posteriores en los ministerios, pero confirmó que no hay una fecha establecida para concluir el plan.
Este tema cobró relevancia tras el paso por tierra y mar desde Marruecos hacia Ceuta de miles de personas, lo que superó la capacidad ordinaria de vigilancia, seguridad y acogida de la ciudad autónoma.
Ante la cantidad de llegadas, el Gobierno decidió el despliegue de 60 militares y 200 agentes policiales para respaldar a los efectivos ya presentes en Ceuta. Las Fuerzas Armadas apoyan a la Guardia Civil y no han asumido completamente el control fronterizo.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 advertía que factores como el cambio climático, la inestabilidad política o las crisis económicas podían intensificar los movimientos migratorios masivos. Además, señalaba que la vigilancia de fronteras, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las redes de tráfico humano requerían atención constante.
El plan pendiente estaba diseñado para fortalecer la preparación y coordinación ante crisis. Sin embargo, al no haberse aprobado, no se conocen las medidas, recursos, protocolos o mecanismos de coordinación que podría incluir.
No es posible afirmar que su implementación hubiera evitado la crisis migratoria actual, ya que el control de entradas a Ceuta depende también de la colaboración de Marruecos, la actuación de las fuerzas de seguridad y otros factores diplomáticos, sociales y humanitarios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al Partido Popular, han solicitado al Ejecutivo que declare la situación de interés para la Seguridad Nacional y mejore la coordinación entre administraciones. Sin embargo, el Gobierno ha movilizado los recursos militares y policiales sin activar dicho mecanismo excepcional.
La Ley de Seguridad Nacional establece que una situación de interés nacional puede declararse cuando la gravedad, urgencia y alcance de una crisis requieren una coordinación reforzada. Esta decisión corresponde al presidente del Gobierno mediante real decreto y no implica la suspensión de derechos fundamentales ni reemplaza los estados de alarma o excepción.
La falta del plan abre nuevamente dudas respecto a la capacidad preventiva del Estado en estas dos regiones cuya vulnerabilidad fue expresamente reconocida por el Ejecutivo. Mientras se mantiene el despliegue para hacer frente a la emergencia, Ceuta y Melilla continúan sin contar con el instrumento integral de seguridad anunciado en 2021.
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El Ejecutivo mantiene pendiente la finalización del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, compromiso adquirido en diciembre de 2021 con la aprobación de la actual Estrategia de Seguridad Nacional.
El documento oficial señalaba que ambas ciudades ameritan una “atención especial” por parte del Estado debido a su localización en el norte de África y a la característica singular de una frontera que también representa un límite exterior de la Unión Europea. Entre las medidas contempladas estaba la elaboración de un plan específico para estas dos ciudades.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha establecido un calendario para la finalización del proyecto. En una contestación parlamentaria de mayo de 2026, el Gobierno informó que un equipo interministerial había trabajado en un documento base para desarrollos posteriores en los ministerios, pero confirmó que no hay una fecha establecida para concluir el plan.
Este tema cobró relevancia tras el paso por tierra y mar desde Marruecos hacia Ceuta de miles de personas, lo que superó la capacidad ordinaria de vigilancia, seguridad y acogida de la ciudad autónoma.
Ante la cantidad de llegadas, el Gobierno decidió el despliegue de 60 militares y 200 agentes policiales para respaldar a los efectivos ya presentes en Ceuta. Las Fuerzas Armadas apoyan a la Guardia Civil y no han asumido completamente el control fronterizo.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 advertía que factores como el cambio climático, la inestabilidad política o las crisis económicas podían intensificar los movimientos migratorios masivos. Además, señalaba que la vigilancia de fronteras, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las redes de tráfico humano requerían atención constante.
El plan pendiente estaba diseñado para fortalecer la preparación y coordinación ante crisis. Sin embargo, al no haberse aprobado, no se conocen las medidas, recursos, protocolos o mecanismos de coordinación que podría incluir.
No es posible afirmar que su implementación hubiera evitado la crisis migratoria actual, ya que el control de entradas a Ceuta depende también de la colaboración de Marruecos, la actuación de las fuerzas de seguridad y otros factores diplomáticos, sociales y humanitarios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al Partido Popular, han solicitado al Ejecutivo que declare la situación de interés para la Seguridad Nacional y mejore la coordinación entre administraciones. Sin embargo, el Gobierno ha movilizado los recursos militares y policiales sin activar dicho mecanismo excepcional.
La Ley de Seguridad Nacional establece que una situación de interés nacional puede declararse cuando la gravedad, urgencia y alcance de una crisis requieren una coordinación reforzada. Esta decisión corresponde al presidente del Gobierno mediante real decreto y no implica la suspensión de derechos fundamentales ni reemplaza los estados de alarma o excepción.
La falta del plan abre nuevamente dudas respecto a la capacidad preventiva del Estado en estas dos regiones cuya vulnerabilidad fue expresamente reconocida por el Ejecutivo. Mientras se mantiene el despliegue para hacer frente a la emergencia, Ceuta y Melilla continúan sin contar con el instrumento integral de seguridad anunciado en 2021.
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El Ejecutivo mantiene pendiente la finalización del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, compromiso adquirido en diciembre de 2021 con la aprobación de la actual Estrategia de Seguridad Nacional.
El documento oficial señalaba que ambas ciudades ameritan una “atención especial” por parte del Estado debido a su localización en el norte de África y a la característica singular de una frontera que también representa un límite exterior de la Unión Europea. Entre las medidas contempladas estaba la elaboración de un plan específico para estas dos ciudades.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha establecido un calendario para la finalización del proyecto. En una contestación parlamentaria de mayo de 2026, el Gobierno informó que un equipo interministerial había trabajado en un documento base para desarrollos posteriores en los ministerios, pero confirmó que no hay una fecha establecida para concluir el plan.
Este tema cobró relevancia tras el paso por tierra y mar desde Marruecos hacia Ceuta de miles de personas, lo que superó la capacidad ordinaria de vigilancia, seguridad y acogida de la ciudad autónoma.
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La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 advertía que factores como el cambio climático, la inestabilidad política o las crisis económicas podían intensificar los movimientos migratorios masivos. Además, señalaba que la vigilancia de fronteras, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las redes de tráfico humano requerían atención constante.
El plan pendiente estaba diseñado para fortalecer la preparación y coordinación ante crisis. Sin embargo, al no haberse aprobado, no se conocen las medidas, recursos, protocolos o mecanismos de coordinación que podría incluir.
No es posible afirmar que su implementación hubiera evitado la crisis migratoria actual, ya que el control de entradas a Ceuta depende también de la colaboración de Marruecos, la actuación de las fuerzas de seguridad y otros factores diplomáticos, sociales y humanitarios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al Partido Popular, han solicitado al Ejecutivo que declare la situación de interés para la Seguridad Nacional y mejore la coordinación entre administraciones. Sin embargo, el Gobierno ha movilizado los recursos militares y policiales sin activar dicho mecanismo excepcional.
La Ley de Seguridad Nacional establece que una situación de interés nacional puede declararse cuando la gravedad, urgencia y alcance de una crisis requieren una coordinación reforzada. Esta decisión corresponde al presidente del Gobierno mediante real decreto y no implica la suspensión de derechos fundamentales ni reemplaza los estados de alarma o excepción.
La falta del plan abre nuevamente dudas respecto a la capacidad preventiva del Estado en estas dos regiones cuya vulnerabilidad fue expresamente reconocida por el Ejecutivo. Mientras se mantiene el despliegue para hacer frente a la emergencia, Ceuta y Melilla continúan sin contar con el instrumento integral de seguridad anunciado en 2021.
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El Ejecutivo mantiene pendiente la finalización del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, compromiso adquirido en diciembre de 2021 con la aprobación de la actual Estrategia de Seguridad Nacional.
El documento oficial señalaba que ambas ciudades ameritan una “atención especial” por parte del Estado debido a su localización en el norte de África y a la característica singular de una frontera que también representa un límite exterior de la Unión Europea. Entre las medidas contempladas estaba la elaboración de un plan específico para estas dos ciudades.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha establecido un calendario para la finalización del proyecto. En una contestación parlamentaria de mayo de 2026, el Gobierno informó que un equipo interministerial había trabajado en un documento base para desarrollos posteriores en los ministerios, pero confirmó que no hay una fecha establecida para concluir el plan.
Este tema cobró relevancia tras el paso por tierra y mar desde Marruecos hacia Ceuta de miles de personas, lo que superó la capacidad ordinaria de vigilancia, seguridad y acogida de la ciudad autónoma.
Ante la cantidad de llegadas, el Gobierno decidió el despliegue de 60 militares y 200 agentes policiales para respaldar a los efectivos ya presentes en Ceuta. Las Fuerzas Armadas apoyan a la Guardia Civil y no han asumido completamente el control fronterizo.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 advertía que factores como el cambio climático, la inestabilidad política o las crisis económicas podían intensificar los movimientos migratorios masivos. Además, señalaba que la vigilancia de fronteras, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las redes de tráfico humano requerían atención constante.
El plan pendiente estaba diseñado para fortalecer la preparación y coordinación ante crisis. Sin embargo, al no haberse aprobado, no se conocen las medidas, recursos, protocolos o mecanismos de coordinación que podría incluir.
No es posible afirmar que su implementación hubiera evitado la crisis migratoria actual, ya que el control de entradas a Ceuta depende también de la colaboración de Marruecos, la actuación de las fuerzas de seguridad y otros factores diplomáticos, sociales y humanitarios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al Partido Popular, han solicitado al Ejecutivo que declare la situación de interés para la Seguridad Nacional y mejore la coordinación entre administraciones. Sin embargo, el Gobierno ha movilizado los recursos militares y policiales sin activar dicho mecanismo excepcional.
La Ley de Seguridad Nacional establece que una situación de interés nacional puede declararse cuando la gravedad, urgencia y alcance de una crisis requieren una coordinación reforzada. Esta decisión corresponde al presidente del Gobierno mediante real decreto y no implica la suspensión de derechos fundamentales ni reemplaza los estados de alarma o excepción.
La falta del plan abre nuevamente dudas respecto a la capacidad preventiva del Estado en estas dos regiones cuya vulnerabilidad fue expresamente reconocida por el Ejecutivo. Mientras se mantiene el despliegue para hacer frente a la emergencia, Ceuta y Melilla continúan sin contar con el instrumento integral de seguridad anunciado en 2021.
El Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, que el Ejecutivo incluyó en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, todavía no ha sido aprobado casi cinco años después. La ausencia de una fecha para su conclusión vuelve a situarse en el centro del debate tras la masiva llegada de migrantes que ha obligado al Gobierno a desplegar militares y refuerzos policiales en Ceuta.
El Ejecutivo mantiene pendiente la finalización del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, compromiso adquirido en diciembre de 2021 con la aprobación de la actual Estrategia de Seguridad Nacional.
El documento oficial señalaba que ambas ciudades ameritan una “atención especial” por parte del Estado debido a su localización en el norte de África y a la característica singular de una frontera que también representa un límite exterior de la Unión Europea. Entre las medidas contempladas estaba la elaboración de un plan específico para estas dos ciudades.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha establecido un calendario para la finalización del proyecto. En una contestación parlamentaria de mayo de 2026, el Gobierno informó que un equipo interministerial había trabajado en un documento base para desarrollos posteriores en los ministerios, pero confirmó que no hay una fecha establecida para concluir el plan.
Este tema cobró relevancia tras el paso por tierra y mar desde Marruecos hacia Ceuta de miles de personas, lo que superó la capacidad ordinaria de vigilancia, seguridad y acogida de la ciudad autónoma.
Ante la cantidad de llegadas, el Gobierno decidió el despliegue de 60 militares y 200 agentes policiales para respaldar a los efectivos ya presentes en Ceuta. Las Fuerzas Armadas apoyan a la Guardia Civil y no han asumido completamente el control fronterizo.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 advertía que factores como el cambio climático, la inestabilidad política o las crisis económicas podían intensificar los movimientos migratorios masivos. Además, señalaba que la vigilancia de fronteras, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las redes de tráfico humano requerían atención constante.
El plan pendiente estaba diseñado para fortalecer la preparación y coordinación ante crisis. Sin embargo, al no haberse aprobado, no se conocen las medidas, recursos, protocolos o mecanismos de coordinación que podría incluir.
No es posible afirmar que su implementación hubiera evitado la crisis migratoria actual, ya que el control de entradas a Ceuta depende también de la colaboración de Marruecos, la actuación de las fuerzas de seguridad y otros factores diplomáticos, sociales y humanitarios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al Partido Popular, han solicitado al Ejecutivo que declare la situación de interés para la Seguridad Nacional y mejore la coordinación entre administraciones. Sin embargo, el Gobierno ha movilizado los recursos militares y policiales sin activar dicho mecanismo excepcional.
La Ley de Seguridad Nacional establece que una situación de interés nacional puede declararse cuando la gravedad, urgencia y alcance de una crisis requieren una coordinación reforzada. Esta decisión corresponde al presidente del Gobierno mediante real decreto y no implica la suspensión de derechos fundamentales ni reemplaza los estados de alarma o excepción.
La falta del plan abre nuevamente dudas respecto a la capacidad preventiva del Estado en estas dos regiones cuya vulnerabilidad fue expresamente reconocida por el Ejecutivo. Mientras se mantiene el despliegue para hacer frente a la emergencia, Ceuta y Melilla continúan sin contar con el instrumento integral de seguridad anunciado en 2021.
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El Ejecutivo mantiene pendiente la finalización del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, compromiso adquirido en diciembre de 2021 con la aprobación de la actual Estrategia de Seguridad Nacional.
El documento oficial señalaba que ambas ciudades ameritan una “atención especial” por parte del Estado debido a su localización en el norte de África y a la característica singular de una frontera que también representa un límite exterior de la Unión Europea. Entre las medidas contempladas estaba la elaboración de un plan específico para estas dos ciudades.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha establecido un calendario para la finalización del proyecto. En una contestación parlamentaria de mayo de 2026, el Gobierno informó que un equipo interministerial había trabajado en un documento base para desarrollos posteriores en los ministerios, pero confirmó que no hay una fecha establecida para concluir el plan.
Este tema cobró relevancia tras el paso por tierra y mar desde Marruecos hacia Ceuta de miles de personas, lo que superó la capacidad ordinaria de vigilancia, seguridad y acogida de la ciudad autónoma.
Ante la cantidad de llegadas, el Gobierno decidió el despliegue de 60 militares y 200 agentes policiales para respaldar a los efectivos ya presentes en Ceuta. Las Fuerzas Armadas apoyan a la Guardia Civil y no han asumido completamente el control fronterizo.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 advertía que factores como el cambio climático, la inestabilidad política o las crisis económicas podían intensificar los movimientos migratorios masivos. Además, señalaba que la vigilancia de fronteras, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las redes de tráfico humano requerían atención constante.
El plan pendiente estaba diseñado para fortalecer la preparación y coordinación ante crisis. Sin embargo, al no haberse aprobado, no se conocen las medidas, recursos, protocolos o mecanismos de coordinación que podría incluir.
No es posible afirmar que su implementación hubiera evitado la crisis migratoria actual, ya que el control de entradas a Ceuta depende también de la colaboración de Marruecos, la actuación de las fuerzas de seguridad y otros factores diplomáticos, sociales y humanitarios.
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La Ley de Seguridad Nacional establece que una situación de interés nacional puede declararse cuando la gravedad, urgencia y alcance de una crisis requieren una coordinación reforzada. Esta decisión corresponde al presidente del Gobierno mediante real decreto y no implica la suspensión de derechos fundamentales ni reemplaza los estados de alarma o excepción.
La falta del plan abre nuevamente dudas respecto a la capacidad preventiva del Estado en estas dos regiones cuya vulnerabilidad fue expresamente reconocida por el Ejecutivo. Mientras se mantiene el despliegue para hacer frente a la emergencia, Ceuta y Melilla continúan sin contar con el instrumento integral de seguridad anunciado en 2021.
