Las mejoras introducidas por la reforma laboral de 2021, junto con el aumento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la revalorización de las pensiones indexadas a la inflación, han beneficiado a un amplio sector de la población. Estas medidas han contribuido a mejorar las condiciones de vida y a reducir los niveles globales de pobreza y desigualdad.
Sin embargo, a pesar de los indicadores positivos, una parte significativa de la población continúa enfrentando situaciones de pobreza severa y carencias materiales. A ello se suma que el deterioro en términos de desigualdad, que marcó la segunda década del siglo XXI, no ha sido completamente revertido.
El aumento de la inflación, que comenzó a principios de 2022, provocó una escalada en los precios de bienes y servicios esenciales, como la energía (56%), la cesta de la compra (38%) y la vivienda (31%), lo que ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores. Este impacto ha sido especialmente duro para colectivos vulnerables como madres con hijos a cargo, jóvenes, personas en situación de desempleo e inmigrantes, quienes suelen percibir salarios más bajos.
Las medidas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno Central para apoyar a las personas más afectadas no han sido suficientes para paliar la presión que enfrentan muchos hogares. El elevado coste de la vivienda, en particular del alquiler, sigue siendo un factor clave que empuja a muchos hogares hacia la pobreza.
Frente a esta situación, CCOO subraya la necesidad urgente de complementar las mejoras en el SMI, los salarios y las pensiones, con otras medidas estructurales. Entre ellas, destaca la mejora de las prestaciones y subsidios como el IMV, la revalorización del IPREM para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de recortes sociales, y la garantía de servicios públicos de calidad que promuevan la cohesión social, como la sanidad, los servicios sociales y la atención a la dependencia. Asimismo, urge una intervención más decidida en los factores que determinan el coste de vida, especialmente en alimentos, energía y vivienda, con un enfoque en la regulación y ajuste de los precios del alquiler.
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