El rechazo del decreto de «escudo social» por parte de PP, Vox y Junts derriba la subida de las pensiones para 2026 y deja desprotegidas a miles de familias vulnerables desde este miércoles.
El escenario político en España ha dado un vuelco dramático con consecuencias inmediatas para la ciudadanía. El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la convalidación del decreto de escudo social, una decisión que invalida de un plumazo las medidas de protección que permanecían vigentes desde la pandemia. A partir de este miércoles, la parálisis legislativa se traduce en una realidad cruda: se reanudan los desahucios de familias vulnerables y las eléctricas recuperan el derecho a cortar la luz, el agua y el gas por impago.
La votación ha sido un «todos contra el Gobierno». El bloque formado por PP, Vox y Junts ha sumado sus votos para tumbar un texto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez consideraba vital. Entre las medidas que decaen destaca también la subida de las pensiones para 2026, lo que obligará al Gobierno a legislar a contrarreloj para evitar que los pensionistas vean reducida su prestación en el cobro del mes de febrero.
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«Pensiones sí, okupaciones no»: el argumento de Junts
La formación independentista catalana, liderada en el Congreso por Míriam Nogueras, fue la pieza clave para inclinar la balanza. Junts acusó al Gobierno de realizar un «chantaje» al mezclar en un mismo paquete medidas de consenso, como la revalorización de las pensiones o las ayudas por la DANA de Valencia, con la prórroga de la suspensión de desahucios.
«Pensiones sí, okupaciones no», sentenció Nogueras, argumentando que el Estado no puede cargar sobre los «pequeños propietarios» la responsabilidad de la vivienda social. En una línea similar, el PP acusó a la Moncloa de usar a los pensionistas como «rehenes» para sacar adelante políticas que, a su juicio, fomentan la usurpación de inmuebles.
Desmontando el decreto: ¿a quién protegía realmente?
Pese a los duros discursos de la oposición sobre la «okupación», el decreto derribado contenía matices técnicos importantes que ahora quedan en el aire:
- Inquilinos vulnerables: Solo se suspendían desahucios de familias que acreditaran ingresos mínimos que les impidieran pagar la renta.
- Grandes tenedores: La protección frente a la okupación solo amparaba a personas dependientes o víctimas de violencia de género cuando el piso perteneciera a empresas o propietarios de más de 10 viviendas.
- Exclusiones: La medida no cubría entradas violentas, actividades ilícitas ni casos de allanamiento de morada (vivienda habitual o segunda residencia), donde el desalojo es inmediato.
El Gobierno, contra las cuerdas
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentó hasta el último minuto atraer a Junts prometiendo avales para pequeños arrendadores con impagos. Tras el fracaso, Bolaños fue tajante: «Votar ‘no’ es hacer daño a pensionistas y a personas que no pueden pagar el agua y la luz».
Ahora, el Gobierno se enfrenta a un inicio de 2026 marcado por la inestabilidad. Deberá trocear las medidas y presentarlas por separado si quiere recuperar la subida de las pensiones y el apoyo a las víctimas de catástrofes naturales, mientras las organizaciones sociales ya alertan de una ola inminente de lanzamientos y cortes de suministros en los hogares más precarios del país.
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