La defensa de Begoña Gómez ha pedido al Tribunal del Jurado que se dicte su absolución total y que se impongan las costas judiciales a las acusaciones populares y a la Universidad Complutense de Madrid.
El nuevo equipo legal de Begoña Gómez ha entregado su escrito de conclusiones provisionales ante el Tribunal del Jurado, donde reclama la absolución favorable para la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Igualmente, solicita que las acusaciones y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sufraguen los gastos del procedimiento al considerar su actuación temeraria.
El escrito, presentado por el abogado Jaime Campaner, niega las imputaciones hechas contra Begoña Gómez y argumenta que no existen responsabilidades penales. Además, pide que las costas procesales sean asumidas por la acusación popular, compuesta por organizaciones como Vox, HazteOir e Iustitia Europa, y por la UCM, que actúa como parte civil.
El documento repasa la trayectoria profesional de Begoña Gómez, destacando que no posee antecedentes penales. También subraya su vínculo previo con la Universidad Complutense de Madrid, donde, según indica, colaboraba antes de que Pedro Sánchez ocupara la Presidencia del Gobierno y había codirigido diplomas y másteres desde el curso 2012/2013.
Un aspecto central del caso es la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La defensa expone que esta iniciativa surgió en una reunión celebrada en julio de 2020 con el entonces rector de la UCM, Joaquín Goyache, y que el convenio se firmó posteriormente con el patrocinio de Reale Seguros y Fundación La Caixa.
Se sostiene que Begoña Gómez no recibió remuneración por su dirección en la cátedra y que desempeñó sus funciones de manera gratuita durante cuatro años. También señala que dicha cátedra no le generó beneficio económico alguno.
El escrito también menciona la plataforma digital relacionada con el proyecto, indicando que fue diseñada como propiedad de la UCM y que la universidad ha tenido acceso al proyecto desde mayo de 2023. La defensa añade que el desarrollo no se completó por quedar pendientes pruebas y auditorías.
Por último, la representación legal de Begoña Gómez ha solicitado la declaración de unos treinta testigos y cuatro peritos, así como el interrogatorio final de la propia acusada durante el proceso.
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El nuevo equipo legal de Begoña Gómez ha entregado su escrito de conclusiones provisionales ante el Tribunal del Jurado, donde reclama la absolución favorable para la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Igualmente, solicita que las acusaciones y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sufraguen los gastos del procedimiento al considerar su actuación temeraria.
El escrito, presentado por el abogado Jaime Campaner, niega las imputaciones hechas contra Begoña Gómez y argumenta que no existen responsabilidades penales. Además, pide que las costas procesales sean asumidas por la acusación popular, compuesta por organizaciones como Vox, HazteOir e Iustitia Europa, y por la UCM, que actúa como parte civil.
El documento repasa la trayectoria profesional de Begoña Gómez, destacando que no posee antecedentes penales. También subraya su vínculo previo con la Universidad Complutense de Madrid, donde, según indica, colaboraba antes de que Pedro Sánchez ocupara la Presidencia del Gobierno y había codirigido diplomas y másteres desde el curso 2012/2013.
Un aspecto central del caso es la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La defensa expone que esta iniciativa surgió en una reunión celebrada en julio de 2020 con el entonces rector de la UCM, Joaquín Goyache, y que el convenio se firmó posteriormente con el patrocinio de Reale Seguros y Fundación La Caixa.
Se sostiene que Begoña Gómez no recibió remuneración por su dirección en la cátedra y que desempeñó sus funciones de manera gratuita durante cuatro años. También señala que dicha cátedra no le generó beneficio económico alguno.
El escrito también menciona la plataforma digital relacionada con el proyecto, indicando que fue diseñada como propiedad de la UCM y que la universidad ha tenido acceso al proyecto desde mayo de 2023. La defensa añade que el desarrollo no se completó por quedar pendientes pruebas y auditorías.
Por último, la representación legal de Begoña Gómez ha solicitado la declaración de unos treinta testigos y cuatro peritos, así como el interrogatorio final de la propia acusada durante el proceso.
La defensa de Begoña Gómez ha pedido al Tribunal del Jurado que se dicte su absolución total y que se impongan las costas judiciales a las acusaciones populares y a la Universidad Complutense de Madrid.
El nuevo equipo legal de Begoña Gómez ha entregado su escrito de conclusiones provisionales ante el Tribunal del Jurado, donde reclama la absolución favorable para la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Igualmente, solicita que las acusaciones y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sufraguen los gastos del procedimiento al considerar su actuación temeraria.
El escrito, presentado por el abogado Jaime Campaner, niega las imputaciones hechas contra Begoña Gómez y argumenta que no existen responsabilidades penales. Además, pide que las costas procesales sean asumidas por la acusación popular, compuesta por organizaciones como Vox, HazteOir e Iustitia Europa, y por la UCM, que actúa como parte civil.
El documento repasa la trayectoria profesional de Begoña Gómez, destacando que no posee antecedentes penales. También subraya su vínculo previo con la Universidad Complutense de Madrid, donde, según indica, colaboraba antes de que Pedro Sánchez ocupara la Presidencia del Gobierno y había codirigido diplomas y másteres desde el curso 2012/2013.
Un aspecto central del caso es la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La defensa expone que esta iniciativa surgió en una reunión celebrada en julio de 2020 con el entonces rector de la UCM, Joaquín Goyache, y que el convenio se firmó posteriormente con el patrocinio de Reale Seguros y Fundación La Caixa.
Se sostiene que Begoña Gómez no recibió remuneración por su dirección en la cátedra y que desempeñó sus funciones de manera gratuita durante cuatro años. También señala que dicha cátedra no le generó beneficio económico alguno.
El escrito también menciona la plataforma digital relacionada con el proyecto, indicando que fue diseñada como propiedad de la UCM y que la universidad ha tenido acceso al proyecto desde mayo de 2023. La defensa añade que el desarrollo no se completó por quedar pendientes pruebas y auditorías.
Por último, la representación legal de Begoña Gómez ha solicitado la declaración de unos treinta testigos y cuatro peritos, así como el interrogatorio final de la propia acusada durante el proceso.
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El escrito, presentado por el abogado Jaime Campaner, niega las imputaciones hechas contra Begoña Gómez y argumenta que no existen responsabilidades penales. Además, pide que las costas procesales sean asumidas por la acusación popular, compuesta por organizaciones como Vox, HazteOir e Iustitia Europa, y por la UCM, que actúa como parte civil.
El documento repasa la trayectoria profesional de Begoña Gómez, destacando que no posee antecedentes penales. También subraya su vínculo previo con la Universidad Complutense de Madrid, donde, según indica, colaboraba antes de que Pedro Sánchez ocupara la Presidencia del Gobierno y había codirigido diplomas y másteres desde el curso 2012/2013.
Un aspecto central del caso es la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La defensa expone que esta iniciativa surgió en una reunión celebrada en julio de 2020 con el entonces rector de la UCM, Joaquín Goyache, y que el convenio se firmó posteriormente con el patrocinio de Reale Seguros y Fundación La Caixa.
Se sostiene que Begoña Gómez no recibió remuneración por su dirección en la cátedra y que desempeñó sus funciones de manera gratuita durante cuatro años. También señala que dicha cátedra no le generó beneficio económico alguno.
El escrito también menciona la plataforma digital relacionada con el proyecto, indicando que fue diseñada como propiedad de la UCM y que la universidad ha tenido acceso al proyecto desde mayo de 2023. La defensa añade que el desarrollo no se completó por quedar pendientes pruebas y auditorías.
Por último, la representación legal de Begoña Gómez ha solicitado la declaración de unos treinta testigos y cuatro peritos, así como el interrogatorio final de la propia acusada durante el proceso.















