La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha entregado un nuevo informe pericial al juez Juan Carlos Peinado donde se afirma que su labor en la Universidad Complutense de Madrid no generó ningún daño económico para la universidad. Al contrario, el informe sostiene que la entidad logró un superávit cercano a los 13.000 euros en relación con los fondos asociados a la cátedra que ella codirigió.
El documento, firmado por Jesús Rodríguez Márquez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, responde a la posición adoptada por la Complutense, que se ha personado como perjudicada y valoró en 113.509 euros el coste del software vinculado a la Cátedra de Transformación Social y Competitiva.
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La defensa rechaza que se haya causado daño económico a la UCM
El informe remitido por la defensa indica que la valoración hecha por la Universidad Complutense es errónea. Según el análisis, el gasto investigado no puede considerarse un perjuicio para la institución pública, ya que fue sufragado con fondos privados destinados específicamente a las actividades de la cátedra.
“La cuantificación proporcionada por la UCM es incorrecta al no haberse causado ningún perjuicio”, dice el texto, que además señala que, en todo caso, el supuesto daño no podría equivaler a las sumas invertidas en la plataforma digital.
La defensa enfatiza que el gasto se realizó conforme a las normativas presupuestarias y de contratación aplicables, tanto generales como específicas de la universidad.
El informe señala un superávit de 12.856 euros
Según el peritaje, la Complutense recibió un total de 158.400 euros de compañías privadas para financiar las actividades de la cátedra, incluyendo el desarrollo del software. De ese monto, 108.765,79 euros fueron empleadas según lo previsto.
Además, recibieron 17.600 euros para cubrir gastos de personal y dirección relacionados con la cátedra, mientras que el gasto real en esos conceptos fue de 4.743,53 euros, lo que, según la defensa, genera un superávit de 12.856,47 euros.
Así, el informe concluye que la UCM no utilizó fondos propios, sino que administró aportaciones privadas con fines concretos.
Fondos privados destinados exclusivamente a la cátedra
El escrito subraya que el dinero proveniente de entidades como La Caixa, Reale Seguros, Google, Manpower y Numitec estaba destinado exclusivamente a financiar las actividades de la cátedra y la creación del software.
La defensa argumenta que la universidad tenía la obligación de usar esos recursos conforme a los acuerdos firmados. De no haberlo cumplido, señala el informe, la propia Universidad Complutense podría haber causado daño a los patrocinadores por incumplimiento.
“No puede considerarse un perjuicio gastar fondos proporcionados por terceros”, afirma el informe pericial.
El proceso judicial contra Begoña Gómez
Este informe se presenta tras el cierre de la fase de instrucción el 11 de abril por parte del juez Juan Carlos Peinado, quien propuso juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El magistrado archivó la causa por intrusismo profesional, pero mantuvo la investigación contra Gómez. Asimismo, se sigue el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos cargos, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Tercer informe aportado por la defensa
El presente informe es el tercer documento que la defensa de Begoña Gómez presenta para respaldar su actuación respecto a la cátedra y al desarrollo del software investigado.
La línea de defensa sostiene que no hubo ni apropiación indebida ni daño económico para la Complutense, insistiendo en que los fondos provinieron de fuentes privadas, se emplearon según lo acordado y que, según sus cálculos, generaron resultados positivos para la universidad.
La Complutense se persona como perjudicada
La elaboración de este informe responde a la decisión del juez Peinado de permitir a la Universidad Complutense personarse como perjudicada en la causa. La universidad aceptó y presentó un documento detallando el coste del software desarrollado en el marco de la cátedra.
La defensa ahora cuestiona esa valoración y sostiene que la universidad no puede reclamar perjuicio por cantidades que no proceden de sus propios fondos, sino de aportaciones privadas con destino específico.
Nuevo capítulo pericial en la investigación
La causa entra en una fase donde se confrontarán criterios técnicos sobre los fondos invertidos, su origen y el posible daño económico a la Complutense.
El informe de la defensa busca refutar un punto clave de la acusación: que la universidad sufrió un daño patrimonial por el desarrollo del software. Frente a ello, se sostiene que no hubo pérdida, sino administración de dinero privado con un saldo positivo para la universidad.
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