La Audiencia Provincial de Valencia, en su Sección Tercera, ha decidido absolver a catorce personas acusadas de haber introducido más de 1.650 kilos de cocaína en el Puerto de València, al entender que las pruebas principales presentadas carecen de las garantías imprescindibles de autenticidad e integridad.
El Ministerio Fiscal solicitaba penas de prisión que llegaban hasta los 16 años y 13 años y medio para dos acusados considerados líderes de la presunta trama, además de multas que alcanzaban los 60 millones de euros. Para los demás imputados, señalados como miembros de la red o responsables de un delito contra la salud pública, pedían condenas de entre siete y once años de cárcel y sanciones económicas que podían llegar a los 50 millones de euros.
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De acuerdo con la sentencia a la que ha accedido EFE, el tribunal rechazó la prueba principal: las conversaciones intervenidas por medio de la plataforma de comunicaciones cifradas Sky ECC, comúnmente utilizada por colectivos criminales. Aunque los procedimientos para obtener estos mensajes se consideraron legítimos, la Sala determina que las pruebas no alcanzan el nivel necesario para dictar una condena penal.
La resolución se fundamenta en criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y señala la falta de firma digital y de verificación mediante valor hash en las evidencias digitales enviadas desde Francia, fallos que continuaron tras la descarga del material por parte de los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil.
A pesar de que en agosto de 2020 se incautaron más de 100 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de madera aserrada en el puerto de Valencia, el tribunal concluye que la prueba presentada en el juicio no establece una conexión fiable entre los acusados y la droga incautada, ni con otras detenciones relacionadas.
Los hechos tuvieron lugar en la noche del 25 de agosto de 2020, cuando la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera detectaron un contenedor con las puertas abiertas que contenía 117 paquetes de cocaína, con un peso superior a los cien kilos y diversos grados de pureza.
La pesquisa dio lugar a un proceso judicial complejo en el que fueron juzgadas catorce personas, entre ellas trabajadores portuarios, a quienes el Ministerio Público atribuía la pertenencia a una organización dedicada a introducir grandes cantidades de droga mediante la técnica conocida como “gancho ciego”, un método común en el narcotráfico marítimo.
No obstante, la Audiencia Provincial sostiene que “no se ha demostrado suficientemente” que los acusados tuvieran relación con la droga encontrada, con otras posibles sustancias transportadas en contenedores similares, ni que existiera una organización establecida cuyo fin fuera introducir y extraer cocaína a través del puerto.
El tribunal enfatiza que la mera presencia de los imputados en el ámbito portuario, así como coincidencias en tiempos o comunicaciones, no basta para romper la presunción de inocencia, dado que no existen pruebas directas ni indicios suficientemente sólidos.
Durante el juicio, las defensas destacaron la debilidad de la investigación y la carencia de pruebas concluyentes, argumentos que la Sala ha respaldado finalmente.
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