La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido cerrar la investigación iniciada tras la denuncia de dos exempleadas contra Julio Iglesias, que señalaban presuntos delitos de acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas. Esta decisión se basa en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para tramitar el caso.
El Ministerio Público señala en su decreto que no se cumplen los criterios de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que España se encargue de este asunto. La denuncia incluía cargos relacionados con trata de personas para trabajos forzados, agresión sexual, lesiones y violaciones de derechos laborales.
Según la Fiscalía, la legislación española requiere, entre otras condiciones, que el denunciado tenga nacionalidad española, que no haya un proceso abierto en el país donde ocurrieron los hechos o ante tribunales internacionales, y que exista una conexión significativa con España, como la residencia o nacionalidad de las denunciantes.
En este contexto, el decreto destaca que las demandantes son extranjeras sin residencia en España; que los incidentes presuntamente ocurrieron en países con plena competencia jurisdiccional; y que los acusados —Julio Iglesias y dos asistentes— no residen en España y poseen distintas nacionalidades.
El Ministerio Público concluye que no hay un vínculo relevante con España, dado que los hechos no ocurrieron en territorio nacional ni las personas implicadas residen en el país. Además, remarca que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede desplazar la jurisdicción territorialmente competente salvo que se pruebe una falta real de intención para investigar, lo cual no sucede ya que no hay denuncias en los países donde ocurrieron los hechos.
Por ello, la Fiscalía aplica el artículo 23.5 de la LOPJ, que obliga a los tribunales españoles a declinar competencia cuando otro Estado es responsable.
Esta investigación, que se mantuvo en secreto, comenzó tras recibir la denuncia el 5 de enero. El 16 del mismo mes, las denunciantes fueron reconocidas como testigos protegidas, estando ambas representadas por Women’s Link Worldwide.
La existencia de la causa salió a la luz el mismo día que una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión Noticias difundía los relatos de las acusadoras, una exempleada del hogar y una fisioterapeuta, que relataron supuestas agresiones sexuales, lesiones y tratos vejatorios en 2021, cuando el intérprete tenía 77 años.
Una de las testigos expresó que, durante sus labores en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, debió someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para descartar enfermedades de transmisión sexual.
Desde un principio, Julio Iglesias negó públicamente las acusaciones a través de su perfil de Instagram. Tras conocer la investigación, su defensa solicitó el archivo de la causa por falta de competencia y pidió intervenir en el procedimiento, alegando que la denuncia había generado un “grave perjuicio reputacional”.
Posteriormente, el artista difundió en sus redes sociales mensajes que, según afirmó, había recibido de las denunciantes como parte de su defensa.
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