La presidenta del Parlamento de Canarias y máxima responsable de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), Astrid Pérez, ha presidido este miércoles una reunión telemática del Grupo de Trabajo de Políticas Migratorias con el propósito de presentar una postura común frente a las instituciones europeas. Durante la sesión, Pérez solicitó firmemente que la Unión Europea asuma plenamente la gestión de las fronteras exteriores, subrayando que la protección de estos límites y la atención humanitaria no pueden recaer únicamente en las regiones de primera línea, que sufren directamente el impacto de las llegadas.
En su intervención, la dirigente de la Cámara canaria enfatizó que la UE debe establecer un mecanismo de respuesta basado en la solidaridad entre territorios, la asignación de recursos excepcionales y el respeto pleno a los derechos humanos. La reunión contó con la participación de representantes de parlamentos regionales de Madeira, Lombardía, Bolzano, Trentino-Alto Adigio, Bruselas y Aragón, además de realizar un análisis detallado de la situación crítica que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta como frontera terrestre comunitaria.
Cifras preocupantes en la ruta atlántica y saturación en la protección de menores
Para fundamentar la necesidad de una actuación coordinada desde Bruselas, Astrid Pérez detalló la gran presión estadística que soportan las Islas Canarias. Hasta el 1 de noviembre de 2026, el archipiélago ha registrado la llegada por vía marítima de 12.616 personas, concentrándose 5.379 rescates en el solo mes de octubre. Esta alta demanda ha provocado un colapso del sistema autonómico de protección al menor, que actualmente tutela a 2.622 niños y jóvenes no acompañados, muy por encima de una capacidad ordinaria establecida en 782 plazas.
Además del esfuerzo asistencial, la presidenta recordó el lado más trágico de este fenómeno en la ruta atlántica. Según los informes mencionados en la reunión, al menos 635 personas han fallecido o desaparecido en el mar entre enero y mayo mientras trataban de alcanzar las costas españolas, haciendo de esta ruta marítima una de las más peligrosas a nivel mundial.
Avanzando hacia una estrategia europea común contra las redes de tráfico humano
Los distintos representantes del grupo de trabajo de CALRE acordaron la elaboración final de una resolución conjunta que será enviada formalmente a los órganos decisorios de la Unión Europea. Este documento estratégico priorizará el fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias masivas, el aumento de la lucha policial contra las mafias dedicadas al tráfico de personas y el fomento de planes de cooperación económica y social con los países de origen y tránsito.
La iniciativa persigue destacar el papel fundamental de las asambleas regionales en la elaboración de las principales directrices comunitarias. Los parlamentos periféricos buscan asegurar que el nuevo marco de gobernanza migratoria en Europa contemple partidas presupuestarias específicas y la transferencia obligatoria de migrantes para reducir la presión sobre las infraestructuras locales.
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UNIRME GRATIS AL CANALLa presidenta del Parlamento de Canarias y máxima responsable de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), Astrid Pérez, ha presidido este miércoles una reunión telemática del Grupo de Trabajo de Políticas Migratorias con el propósito de presentar una postura común frente a las instituciones europeas. Durante la sesión, Pérez solicitó firmemente que la Unión Europea asuma plenamente la gestión de las fronteras exteriores, subrayando que la protección de estos límites y la atención humanitaria no pueden recaer únicamente en las regiones de primera línea, que sufren directamente el impacto de las llegadas.
En su intervención, la dirigente de la Cámara canaria enfatizó que la UE debe establecer un mecanismo de respuesta basado en la solidaridad entre territorios, la asignación de recursos excepcionales y el respeto pleno a los derechos humanos. La reunión contó con la participación de representantes de parlamentos regionales de Madeira, Lombardía, Bolzano, Trentino-Alto Adigio, Bruselas y Aragón, además de realizar un análisis detallado de la situación crítica que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta como frontera terrestre comunitaria.
Cifras preocupantes en la ruta atlántica y saturación en la protección de menores
Para fundamentar la necesidad de una actuación coordinada desde Bruselas, Astrid Pérez detalló la gran presión estadística que soportan las Islas Canarias. Hasta el 1 de noviembre de 2026, el archipiélago ha registrado la llegada por vía marítima de 12.616 personas, concentrándose 5.379 rescates en el solo mes de octubre. Esta alta demanda ha provocado un colapso del sistema autonómico de protección al menor, que actualmente tutela a 2.622 niños y jóvenes no acompañados, muy por encima de una capacidad ordinaria establecida en 782 plazas.
Además del esfuerzo asistencial, la presidenta recordó el lado más trágico de este fenómeno en la ruta atlántica. Según los informes mencionados en la reunión, al menos 635 personas han fallecido o desaparecido en el mar entre enero y mayo mientras trataban de alcanzar las costas españolas, haciendo de esta ruta marítima una de las más peligrosas a nivel mundial.
Avanzando hacia una estrategia europea común contra las redes de tráfico humano
Los distintos representantes del grupo de trabajo de CALRE acordaron la elaboración final de una resolución conjunta que será enviada formalmente a los órganos decisorios de la Unión Europea. Este documento estratégico priorizará el fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias masivas, el aumento de la lucha policial contra las mafias dedicadas al tráfico de personas y el fomento de planes de cooperación económica y social con los países de origen y tránsito.
La iniciativa persigue destacar el papel fundamental de las asambleas regionales en la elaboración de las principales directrices comunitarias. Los parlamentos periféricos buscan asegurar que el nuevo marco de gobernanza migratoria en Europa contemple partidas presupuestarias específicas y la transferencia obligatoria de migrantes para reducir la presión sobre las infraestructuras locales.
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La presidenta del Parlamento de Canarias y máxima responsable de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), Astrid Pérez, ha presidido este miércoles una reunión telemática del Grupo de Trabajo de Políticas Migratorias con el propósito de presentar una postura común frente a las instituciones europeas. Durante la sesión, Pérez solicitó firmemente que la Unión Europea asuma plenamente la gestión de las fronteras exteriores, subrayando que la protección de estos límites y la atención humanitaria no pueden recaer únicamente en las regiones de primera línea, que sufren directamente el impacto de las llegadas.
En su intervención, la dirigente de la Cámara canaria enfatizó que la UE debe establecer un mecanismo de respuesta basado en la solidaridad entre territorios, la asignación de recursos excepcionales y el respeto pleno a los derechos humanos. La reunión contó con la participación de representantes de parlamentos regionales de Madeira, Lombardía, Bolzano, Trentino-Alto Adigio, Bruselas y Aragón, además de realizar un análisis detallado de la situación crítica que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta como frontera terrestre comunitaria.
Cifras preocupantes en la ruta atlántica y saturación en la protección de menores
Para fundamentar la necesidad de una actuación coordinada desde Bruselas, Astrid Pérez detalló la gran presión estadística que soportan las Islas Canarias. Hasta el 1 de noviembre de 2026, el archipiélago ha registrado la llegada por vía marítima de 12.616 personas, concentrándose 5.379 rescates en el solo mes de octubre. Esta alta demanda ha provocado un colapso del sistema autonómico de protección al menor, que actualmente tutela a 2.622 niños y jóvenes no acompañados, muy por encima de una capacidad ordinaria establecida en 782 plazas.
Además del esfuerzo asistencial, la presidenta recordó el lado más trágico de este fenómeno en la ruta atlántica. Según los informes mencionados en la reunión, al menos 635 personas han fallecido o desaparecido en el mar entre enero y mayo mientras trataban de alcanzar las costas españolas, haciendo de esta ruta marítima una de las más peligrosas a nivel mundial.
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La iniciativa persigue destacar el papel fundamental de las asambleas regionales en la elaboración de las principales directrices comunitarias. Los parlamentos periféricos buscan asegurar que el nuevo marco de gobernanza migratoria en Europa contemple partidas presupuestarias específicas y la transferencia obligatoria de migrantes para reducir la presión sobre las infraestructuras locales.
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En su intervención, la dirigente de la Cámara canaria enfatizó que la UE debe establecer un mecanismo de respuesta basado en la solidaridad entre territorios, la asignación de recursos excepcionales y el respeto pleno a los derechos humanos. La reunión contó con la participación de representantes de parlamentos regionales de Madeira, Lombardía, Bolzano, Trentino-Alto Adigio, Bruselas y Aragón, además de realizar un análisis detallado de la situación crítica que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta como frontera terrestre comunitaria.
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Además del esfuerzo asistencial, la presidenta recordó el lado más trágico de este fenómeno en la ruta atlántica. Según los informes mencionados en la reunión, al menos 635 personas han fallecido o desaparecido en el mar entre enero y mayo mientras trataban de alcanzar las costas españolas, haciendo de esta ruta marítima una de las más peligrosas a nivel mundial.
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La iniciativa persigue destacar el papel fundamental de las asambleas regionales en la elaboración de las principales directrices comunitarias. Los parlamentos periféricos buscan asegurar que el nuevo marco de gobernanza migratoria en Europa contemple partidas presupuestarias específicas y la transferencia obligatoria de migrantes para reducir la presión sobre las infraestructuras locales.
