El Tribunal Supremo ha expresado su rechazo ante las supuestas presiones externas vinculadas a la posible aplicación de la Ley de Amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, especialmente en relación con el delito de malversación de fondos públicos. La corte ha puesto de manifiesto una campaña destinada a desacreditar su institución y ha enfatizado que su labor se basa únicamente en criterios legales.
Desde este órgano judicial se subraya que la interpretación y la ejecución de la Ley Orgánica de Amnistía corresponden al ámbito de la legalidad ordinaria, no al constitucional. Así, reafirma su independencia frente a intentos de influencia política en sus decisiones.
Esta postura se da en un contexto de marcada polarización política y social respecto a la ley de amnistía, que fue aprobada recientemente por las Cortes Generales y que afecta a varios implicados en el procés, como Puigdemont, quien actualmente ejerce como eurodiputado.
El Supremo reitera su dedicación a mantener la imparcialidad judicial y señala que la decisión sobre la aplicación de la amnistía se realizará conforme al procedimiento ordinario, sin injerencias externas ni condicionamientos políticos.
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