MADRID.– José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha avanzado en su defensa en relación con el ‘caso Plus Ultra’, en el que figura como imputado. Mediante distintos recursos presentados ante la Audiencia Nacional, el exlíder socialista ha cuestionado de nuevo la legitimidad del origen de la investigación, alegando que las pruebas fundamentales podrían ser anulables y señalando una posible violación de sus derechos.
La estrategia de defensa de Zapatero se centra en la ausencia de garantía sobre la procedencia del teléfono móvil incautado al empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo propietario de la aerolínea, cuyas conversaciones interceptadas constituyen un pilar de la investigación.
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Intervención de la agencia estadounidense ‘Homeland Security’
Víctor Moreno Catena, abogado de Zapatero, ha destacado la importancia de que la Audiencia Nacional dilucide la «legalidad y admisibilidad» del dispositivo mencionado. Según su abogado, el teléfono fue entregado a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional española por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations.
No obstante, la defensa sostiene que los aspectos jurídicos relacionados con esta entrega no están suficientemente claros:
El recurso plantea que, aunque las autoridades estadounidenses dieron permiso a la Policía española para utilizar la información del móvil, dicha autorización «no incluía la incorporación de esos datos en procedimientos judiciales» en España.
Petición de control constitucional al juez instructor
Con este fundamento, la defensa legal de Zapatero ha notificado al juez que «las instancias judiciales tienen la obligación constitucional de velar por la legalidad efectiva de toda la información que se introduzca en el proceso».
Al cuestionar la cadena de custodia y la transferencia de datos entre las autoridades de EE. UU. y España, la defensa pretende que se invaliden las conversaciones del empresario venezolano. De ser aceptada esta petición, basada en la doctrina del «fruto del árbol envenenado», la anulación de esas pruebas derivadas del teléfono podría afectar la totalidad del procedimiento contra el expresidente.
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