El partido ha optado por la vía judicial ordinaria para imputar al presidente y a miembros del Ejecutivo por seis delitos, entre ellos la omisión del deber de socorro y colaboración con el terrorismo.
Vox ha comunicado la presentación de una querella en tribunales ordinarios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Después de no conseguir reunir los 88 apoyos parlamentarios necesarios en el Congreso para impulsar una investigación por el delito de «traición» relacionada con la crisis migratoria en Ceuta, la formación de Santiago Abascal recurre a esta vía.
El coordinador jurídico del partido, Jorge Buxadé, detalló en una rueda de prensa que las acciones judiciales se enfocan en seis infracciones penales que no requieren autorización previa de las Cortes Generales:
- Omisión en el deber de perseguir delitos y encubrimiento con abuso de funciones.
- Prevaricación administrativa por omisión.
- Colaboración con organización terrorista.
- Homicidio imprudente y lesiones ocasionadas por imprudencia grave.
Frente al rechazo del Partido Popular a apoyar la iniciativa parlamentaria, calificándola como «acciones sin fundamento», Vox ha decidido proseguir por la vía penal, al tiempo que ha endurecido su discurso político. Buxadé llegó a calificar a Pedro Sánchez como un «agente de Marruecos» y al PSOE como su «red de difusión» en territorio nacional.
Rechazo a los traslados y presión al Gobierno de Ceuta
En la misma intervención, el portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, describió la situación en la ciudad como «crítica y grave». Redondo descartó la opción de trasladar a los menores extranjeros no acompañados a la península para aliviar la presión asistencial en la ciudad autónoma, alineándose con la posición nacional del partido. «Han invadido nuestro territorio y queremos que todos los intrusos sean deportados a Marruecos; no se deben plantear otras medidas», afirmó.
Además, la delegación ceutí criticó al presidente de la ciudad, el popular Juan Jesús Vivas, instándole a suspender todo acuerdo institucional con el Gobierno central y acusándolo de haber mantenido «una relación política de complicidad durante años con el Ejecutivo socialista».
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UNIRME GRATIS AL CANALEl partido ha optado por la vía judicial ordinaria para imputar al presidente y a miembros del Ejecutivo por seis delitos, entre ellos la omisión del deber de socorro y colaboración con el terrorismo.
Vox ha comunicado la presentación de una querella en tribunales ordinarios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Después de no conseguir reunir los 88 apoyos parlamentarios necesarios en el Congreso para impulsar una investigación por el delito de «traición» relacionada con la crisis migratoria en Ceuta, la formación de Santiago Abascal recurre a esta vía.
El coordinador jurídico del partido, Jorge Buxadé, detalló en una rueda de prensa que las acciones judiciales se enfocan en seis infracciones penales que no requieren autorización previa de las Cortes Generales:
- Omisión en el deber de perseguir delitos y encubrimiento con abuso de funciones.
- Prevaricación administrativa por omisión.
- Colaboración con organización terrorista.
- Homicidio imprudente y lesiones ocasionadas por imprudencia grave.
Frente al rechazo del Partido Popular a apoyar la iniciativa parlamentaria, calificándola como «acciones sin fundamento», Vox ha decidido proseguir por la vía penal, al tiempo que ha endurecido su discurso político. Buxadé llegó a calificar a Pedro Sánchez como un «agente de Marruecos» y al PSOE como su «red de difusión» en territorio nacional.
Rechazo a los traslados y presión al Gobierno de Ceuta
En la misma intervención, el portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, describió la situación en la ciudad como «crítica y grave». Redondo descartó la opción de trasladar a los menores extranjeros no acompañados a la península para aliviar la presión asistencial en la ciudad autónoma, alineándose con la posición nacional del partido. «Han invadido nuestro territorio y queremos que todos los intrusos sean deportados a Marruecos; no se deben plantear otras medidas», afirmó.
Además, la delegación ceutí criticó al presidente de la ciudad, el popular Juan Jesús Vivas, instándole a suspender todo acuerdo institucional con el Gobierno central y acusándolo de haber mantenido «una relación política de complicidad durante años con el Ejecutivo socialista».
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El partido ha optado por la vía judicial ordinaria para imputar al presidente y a miembros del Ejecutivo por seis delitos, entre ellos la omisión del deber de socorro y colaboración con el terrorismo.
Vox ha comunicado la presentación de una querella en tribunales ordinarios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Después de no conseguir reunir los 88 apoyos parlamentarios necesarios en el Congreso para impulsar una investigación por el delito de «traición» relacionada con la crisis migratoria en Ceuta, la formación de Santiago Abascal recurre a esta vía.
El coordinador jurídico del partido, Jorge Buxadé, detalló en una rueda de prensa que las acciones judiciales se enfocan en seis infracciones penales que no requieren autorización previa de las Cortes Generales:
- Omisión en el deber de perseguir delitos y encubrimiento con abuso de funciones.
- Prevaricación administrativa por omisión.
- Colaboración con organización terrorista.
- Homicidio imprudente y lesiones ocasionadas por imprudencia grave.
Frente al rechazo del Partido Popular a apoyar la iniciativa parlamentaria, calificándola como «acciones sin fundamento», Vox ha decidido proseguir por la vía penal, al tiempo que ha endurecido su discurso político. Buxadé llegó a calificar a Pedro Sánchez como un «agente de Marruecos» y al PSOE como su «red de difusión» en territorio nacional.
Rechazo a los traslados y presión al Gobierno de Ceuta
En la misma intervención, el portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, describió la situación en la ciudad como «crítica y grave». Redondo descartó la opción de trasladar a los menores extranjeros no acompañados a la península para aliviar la presión asistencial en la ciudad autónoma, alineándose con la posición nacional del partido. «Han invadido nuestro territorio y queremos que todos los intrusos sean deportados a Marruecos; no se deben plantear otras medidas», afirmó.
Además, la delegación ceutí criticó al presidente de la ciudad, el popular Juan Jesús Vivas, instándole a suspender todo acuerdo institucional con el Gobierno central y acusándolo de haber mantenido «una relación política de complicidad durante años con el Ejecutivo socialista».
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Vox ha comunicado la presentación de una querella en tribunales ordinarios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Después de no conseguir reunir los 88 apoyos parlamentarios necesarios en el Congreso para impulsar una investigación por el delito de «traición» relacionada con la crisis migratoria en Ceuta, la formación de Santiago Abascal recurre a esta vía.
El coordinador jurídico del partido, Jorge Buxadé, detalló en una rueda de prensa que las acciones judiciales se enfocan en seis infracciones penales que no requieren autorización previa de las Cortes Generales:
- Omisión en el deber de perseguir delitos y encubrimiento con abuso de funciones.
- Prevaricación administrativa por omisión.
- Colaboración con organización terrorista.
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Frente al rechazo del Partido Popular a apoyar la iniciativa parlamentaria, calificándola como «acciones sin fundamento», Vox ha decidido proseguir por la vía penal, al tiempo que ha endurecido su discurso político. Buxadé llegó a calificar a Pedro Sánchez como un «agente de Marruecos» y al PSOE como su «red de difusión» en territorio nacional.
Rechazo a los traslados y presión al Gobierno de Ceuta
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