Este martes, la Audiencia Nacional interroga a importantes mandos policiales de la etapa de Rajoy. Las defensas intentan declarar nulo el caso, argumentando que la investigación sobre el patrimonio en Andorra surgió de una operación contra el independentismo.
El proceso contra la familia Pujol Ferrusola alcanza una etapa decisiva. Tras más de veinte sesiones, el tribunal presidido por José Ricardo de Prada recibe las declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros ex altos cargos de la llamada «policía patriótica». Estas declaraciones, admitidas en último momento, constituyen la principal estrategia de la defensa para invalidar el caso por una presunta violación de derechos fundamentales.
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La meta: anular el caso por «contaminación»
Cristóbal Martell, abogado que lidera la defensa de los Pujol, sostiene que la investigación está viciada desde sus inicios. Su principal argumento es que las pruebas fundamentales sobre el patrimonio oculto en Andorra proceden de acciones ilegales en el marco de la denominada «Operación Cataluña».
Si la defensa consigue demostrar que el proceso se basó en evidencias obtenidas mediante coacciones o apropiación ilegal de información, podría lograrse la anulación de todo el procedimiento, invalidando la confesión realizada por el expresidente Jordi Pujol en 2014.
Testigos destacados en el juicio
La audiencia de hoy incluye figuras vinculadas a episodios controvertidos de la historia policial reciente:
- Eugenio Pino: Ex director adjunto de la Policía (DAO), ya condenado por haber entregado un pendrive con datos robados de los Pujol a la UDEF.
- José Manuel Villarejo: Comisario retirado que afirma que la intervención en la Banca Privada d’Andorra (BPA) fue una operación política impulsada por Mariano Rajoy para frenar el procés.
- Marcelino Martín-Blas: Exjefe de Asuntos Internos, señalado por los propietarios de la BPA de obligarles a proporcionar información bancaria sobre la familia Pujol.
El tribunal recuerda: «Esto no es un juicio sobre la Operación Cataluña»
Aunque los testimonios sean relevantes, el magistrado José Ricardo de Prada advirtió a las partes que los interrogatorios deben centrarse únicamente en los hechos bajo juzgamiento. El tribunal enfatizó que no permitirá que esta fase se transforme en un «proceso dentro del proceso» acerca de las actividades clandestinas del Estado, rechazando cualquier desviación respecto a las cuestiones fundamentales económicas de la causa.
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