Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA), ha solicitado este lunes la renuncia inmediata de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y de Luis Pedro Marco, presidente de Adif. Samper afirma que ambos deben responder por «responsabilidades políticas y de gestión» tras el grave accidente ferroviario sufrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, que causó la muerte de 46 personas.
En su intervención ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, el representante de las víctimas fue contundente al señalar las fallas graves en el mantenimiento que motivaron el incidente.
Una «ruleta rusa» de 22 horas con un raíl roto
Samper manifestó con gran severidad que hay «evidencias claras» de que el raíl de la vía se encontraba partido 22 horas antes del accidente, sin que ningún mecanismo de control o personal se percatara de esta situación.
«Durante ese tiempo atravesaron la zona 25 trenes, como en una ruleta rusa. En tres casos existen indicios inequívocos que mostraban el raíl roto y nadie lo revisó ni se detectó, porque esto no se supervisa adecuadamente en nuestro país», lamentó el presidente de la asociación.
Sobre Luis Pedro Marco, presidente de Adif, quien hasta ahora es el único cargo público que ha pedido disculpas, Samper rechazó que mantenga su puesto mientras se espera un fallo judicial. Considera que «no es necesaria una resolución judicial para asumir responsabilidades, dado que él es el máximo responsable de la infraestructura y hubo 46 fallecidos».
Reacciones críticas ante la respuesta del ministro Óscar Puente
La asociación expresó su total «sorpresa» ante la contestación del ministro Puente cuando le preguntaron sobre su dimisión, ya que argumentó que él «no soldó el raíl».
Samper considera que esta respuesta es insuficiente y destacó dos puntos:
- Cadena de responsabilidades: «Si bien él no fue quien soldó el carril, quien designa al máximo responsable de la infraestructura también debe ser responsable», afirmó.
- Cuestionamiento de la seguridad ferroviaria en España: Contrario al discurso oficial del Gobierno que defiende la seguridad absoluta de la red, Samper aseguró que «el tren en España no es seguro». Puso como ejemplo el modelo japonés, con 50 años de alta velocidad sin accidentes mortales, y señaló que «ese debería ser nuestro modelo a seguir».
Más de 300 afectados y dificultades administrativas
El presidente de AVDA elevó a 352 personas la cifra total de afectados, contando a los pasajeros sobrevivientes y excluyendo los fallecidos, resaltando el intenso impacto psicológico en ellos.
Efectos socioeconómicos en las familias
- Reducción de ingresos: Muchas víctimas son autónomos o empleados cuyos ingresos se han visto disminuidos, o familias que han perdido la fuente económica debido a los fallecimientos.
- Obstáculos burocráticos: La asociación demanda un procedimiento de indemnización «más rápido» para evitar que el dolor de los afectados se prolongue en gestiones administrativas.
Finalmente, Samper denunció el «abandono» por parte de las instituciones y criticó que la Oficina de Atención a las Víctimas, creada después del accidente de Angrois en 2013, no ha estado presente en esta situación. Además, indicó que, al preguntar al ministro Puente sobre esta oficina, la única reacción fue un simple gesto con la cabeza, sin ofrecer respuestas concretas a los afectados.
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