La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que la cátedra extraordinaria en la que participó como codirectora Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), fue establecida cumpliendo con todos los procedimientos legales y reglamentarios exigidos. De igual manera, el cuerpo indica que la información de sus cuentas bancarias «concuerda con las actividades profesionales que ha venido realizando».
Los agentes de la UCO han entregado dos informes adicionales al juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, responsable de la investigación. Según los documentos a los que tuvo acceso la Agencia EFE, un primer informe se centra en el análisis específico de la creación de la cátedra y el software desarrollado en ese contexto, mientras que el segundo examina con detalle las transacciones bancarias de Gómez.
Flujos económicos transparentes y sin irregularidades
En relación con el patrimonio y las finanzas de la investigada, los agentes de la Guardia Civil no detectaron discrepancias ni ingresos sin justificación en sus cuentas de los últimos años.
“La información bancaria está en consonancia con las actividades profesionales desarrolladas por Begoña Gómez, dado que las entidades vinculadas laboralmente con ella coinciden con los principales pagadores identificados”, especifican los oficiales en el informe.
Validación de la formación de la cátedra
En cuanto al ámbito académico y con especial atención a la legalidad de los convenios universitarios, el análisis de la UCO no detectó irregularidades en el proceso de asignación del cargo de codirección.
El informe señala que la estructura de la cátedra:
- Cuenta con diversos colaboradores externos y patrocinadores privados.
- Respeta rigurosamente las normativas vigentes, asegurando que todo el procedimiento se ajusta a lo establecido por la UCM para las cátedras extraordinarias y a la normativa general aplicable a la universidad.
Este nuevo informe de la Guardia Civil se suma a las diligencias previas del caso, proporcionando un análisis técnico que, hasta ahora, no detecta indicios de delito ni en la gestión financiera de Begoña Gómez ni en los procesos administrativos utilizados por la Universidad Complutense.
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