La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, decidió por unanimidad anular la incorporación del país al Estatuto de Roma, tratado que establece la Corte Penal Internacional (CPI). Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, comunicó que esta medida busca «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» que representa dicha corte.
La aprobación de esta ley coincidió con el comunicado de la CPI sobre el cierre de su oficina técnica en Caracas, debido a la ausencia de «progresos reales» en la «complementariedad», requisito que exige una investigación previa por parte de los Estados antes de la intervención del tribunal internacional.
Rodríguez criticó duramente a la CPI, señalando que, en lugar de cumplir su función de proteger a los pueblos, actúa como un instrumento del «imperialismo norteamericano». Durante el debate, afirmó además que la ley pretende mostrar solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino.
Tras su aprobación, el proyecto de ley será enviado al presidente Nicolás Maduro para su promulgación. Entrará en vigor una vez publicada en la Gaceta Nacional, el órgano oficial del Estado venezolano.
En el debate, Rodríguez acusó a la CPI de un «vasallaje» total, refiriéndose a sus jueces, a quienes responsabilizó de no impartir justicia ni proteger los derechos humanos. Esta crítica no es reciente, dado que la CPI ha recibido cuestionamientos por su limitada posición ante conflictos internacionales, como el de Israel y Palestina.
Aunque en 2024 la CPI emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra en Gaza, Rodríguez lamentó la falta de acciones adecuadas frente al «genocidio» en esa zona. La Corte es vista con recelo en diversos sectores de América Latina.
La Fiscalía de la CPI informó que, pese al cierre de la oficina en Caracas, la investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa activa, con fiscales trabajando desde La Haya. Ambas decisiones, el cierre de la oficina y la derogación del Estatuto, representan una escalada en las tensiones entre Venezuela y la Corte Penal Internacional.
La CPI inició en 2018 una investigación sobre Venezuela tras denuncias de países y organizaciones no gubernamentales. Desde entonces, el gobierno de Maduro ha intentado limitar el avance del proceso asegurando que su sistema judicial investiga adecuadamente los hechos. Sin embargo, en 2023 la Corte rechazó esta afirmación y reanudó las pesquisas por crímenes de lesa humanidad, generando inquietud a nivel internacional.
