CEUTA.— Este martes, 6 de octubre, se cumple el plazo establecido para el desalojo de una familia que reside en el barrio ceutí de Benítez. Esta familia, integrada por un hombre de 72 años con discapacidad y gran dependencia, su esposa y sus dos hijos menores (de 15 y 16 años), se enfrenta al lanzamiento judicial sin contar con una opción habitacional alternativa, afectada por el incremento en los precios del alquiler en la ciudad autónoma.
A.A.B., padre del hogar que sufre diversas enfermedades graves como hernias discales y EPOC que requieren oxigenoterapia durante la noche, agotará mañana la prórroga de cuatro meses otorgada por el juzgado tras la orden de desahucio del pasado junio. La búsqueda de una vivienda en alquiler ha encontrado el rechazo de propietarios e inmobiliarias debido a su edad avanzada, además de la imposibilidad económica para pagar las rentas que se manejan localmente. Como única salida, el matrimonio está considerando arrendar un garaje o un trastero, cuyo precio alcanza cerca de 900 euros al mes.
Desde los Servicios Sociales Comunitarios, la alternativa propuesta es la priorización para un alojamiento en un hostal. No obstante, la familia señala que el lugar sugerido no cumple con las condiciones básicas de accesibilidad ya que no dispone de ascensor, lo que supone una dificultad insalvable para la movilidad limitada y la salud del cabeza de familia.
A pocas horas de la ejecución de la orden judicial, siguen sin encontrar una solución ajustada a sus necesidades médicas y asistenciales, evidenciando las dificultades en el acceso a la vivienda que enfrentan los colectivos más vulnerables en Ceuta.
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A.A.B., padre del hogar que sufre diversas enfermedades graves como hernias discales y EPOC que requieren oxigenoterapia durante la noche, agotará mañana la prórroga de cuatro meses otorgada por el juzgado tras la orden de desahucio del pasado junio. La búsqueda de una vivienda en alquiler ha encontrado el rechazo de propietarios e inmobiliarias debido a su edad avanzada, además de la imposibilidad económica para pagar las rentas que se manejan localmente. Como única salida, el matrimonio está considerando arrendar un garaje o un trastero, cuyo precio alcanza cerca de 900 euros al mes.
Desde los Servicios Sociales Comunitarios, la alternativa propuesta es la priorización para un alojamiento en un hostal. No obstante, la familia señala que el lugar sugerido no cumple con las condiciones básicas de accesibilidad ya que no dispone de ascensor, lo que supone una dificultad insalvable para la movilidad limitada y la salud del cabeza de familia.
A pocas horas de la ejecución de la orden judicial, siguen sin encontrar una solución ajustada a sus necesidades médicas y asistenciales, evidenciando las dificultades en el acceso a la vivienda que enfrentan los colectivos más vulnerables en Ceuta.
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CEUTA.— Este martes, 6 de octubre, se cumple el plazo establecido para el desalojo de una familia que reside en el barrio ceutí de Benítez. Esta familia, integrada por un hombre de 72 años con discapacidad y gran dependencia, su esposa y sus dos hijos menores (de 15 y 16 años), se enfrenta al lanzamiento judicial sin contar con una opción habitacional alternativa, afectada por el incremento en los precios del alquiler en la ciudad autónoma.
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Desde los Servicios Sociales Comunitarios, la alternativa propuesta es la priorización para un alojamiento en un hostal. No obstante, la familia señala que el lugar sugerido no cumple con las condiciones básicas de accesibilidad ya que no dispone de ascensor, lo que supone una dificultad insalvable para la movilidad limitada y la salud del cabeza de familia.
A pocas horas de la ejecución de la orden judicial, siguen sin encontrar una solución ajustada a sus necesidades médicas y asistenciales, evidenciando las dificultades en el acceso a la vivienda que enfrentan los colectivos más vulnerables en Ceuta.
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A.A.B., padre del hogar que sufre diversas enfermedades graves como hernias discales y EPOC que requieren oxigenoterapia durante la noche, agotará mañana la prórroga de cuatro meses otorgada por el juzgado tras la orden de desahucio del pasado junio. La búsqueda de una vivienda en alquiler ha encontrado el rechazo de propietarios e inmobiliarias debido a su edad avanzada, además de la imposibilidad económica para pagar las rentas que se manejan localmente. Como única salida, el matrimonio está considerando arrendar un garaje o un trastero, cuyo precio alcanza cerca de 900 euros al mes.
Desde los Servicios Sociales Comunitarios, la alternativa propuesta es la priorización para un alojamiento en un hostal. No obstante, la familia señala que el lugar sugerido no cumple con las condiciones básicas de accesibilidad ya que no dispone de ascensor, lo que supone una dificultad insalvable para la movilidad limitada y la salud del cabeza de familia.
A pocas horas de la ejecución de la orden judicial, siguen sin encontrar una solución ajustada a sus necesidades médicas y asistenciales, evidenciando las dificultades en el acceso a la vivienda que enfrentan los colectivos más vulnerables en Ceuta.
