El tribunal rechaza las medidas cautelares solicitadas por Airbnb, que debe pagar la sanción o presentar garantías mientras se decide el recurso principal
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha conseguido un importante logro judicial en su lucha contra las irregularidades detectadas en el sector del alquiler vacacional. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha emitido un auto que desestima las medidas cautelares solicitadas por Airbnb, manteniendo así la vigencia de la multa de 64.055.311 euros impuesta por el organismo dirigido por Pablo Bustinduy.
Multa derivada de prácticas comerciales desleales
El conflicto judicial comenzó en el verano de 2025, cuando la inspección de Consumo detectó incumplimientos en 65.122 anuncios publicados en Airbnb. Estas irregularidades obligaron a retirar los anuncios y se relacionaron con falta de licencias obligatorias, uso de licencias falsas y publicidad engañosa acerca del estatus legal de los anfitriones.
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La mayor parte de la sanción, que suma 63.980.311 euros, se calculó como seis veces el beneficio ilegal que obtuvo la empresa desde el primer aviso hasta la retirada definitiva de los anuncios. Además, se añadieron multas menores por obstaculizar la inspección y por incumplimiento de medidas provisionales.
Medidas que debe tomar Airbnb tras la resolución
El fallo del TSJ de Madrid exige a la empresa actuar de forma inmediata para evitar posibles medidas ejecutivas como embargos de cuentas, recargos e intereses. Aunque Airbnb puede presentar recurso de reposición ante el mismo tribunal o recurrir posteriormente al Tribunal Supremo, estas acciones no suspenden automáticamente la obligación de pago.
Para proteger sus recursos financieros mientras se resuelve el fondo del asunto —la validez de la multa—, Airbnb tiene dos opciones principales:
- Realizar el pago completo de los 64 millones de euros.
- Presentar una garantía mediante aval bancario o seguro de caución por la cuantía de la multa.
Diferencias en la actuación del tribunal respecto a otros casos de grandes compañías
La decisión del TSJ de Madrid es significativa al diferir del criterio aplicado en casos similares. En junio de 2025, este mismo tribunal aceptó la suspensión cautelar de multas impuestas a aerolíneas como Ryanair (107,7 millones) y Norwegian por el cobro del equipaje de mano, basándose en el impacto económico inmediato para estas empresas.
Esta práctica de suspender cautelarmente multas es común en otras instancias, como la Audiencia Nacional, que durante el último año ha paralizado la ejecución de multas elevadas de la CNMC contra compañías como Booking (413 millones), Apple y Amazon. Sin embargo, en el caso de Airbnb el tribunal madrileño ha optado por mantener la sanción dictada por Consumo, fortaleciendo así la posición administrativa en este proceso regulatorio.
Tras la sentencia sobre el fondo del litigio, se prevé que el procedimiento continúe ante el Tribunal Supremo, siempre y cuando se admita el recurso de casación por parte de quien resulte perjudicado por la resolución.
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