El Ministerio Público exige una sanción de 180 millones de euros para BBVA como persona jurídica y aumenta a 243 años la petición de cárcel para el exjefe de seguridad Julio Corrochano
El futuro judicial de Francisco González se complica de forma definitiva. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una condena de 173 años de prisión para el expresidente del BBVA dentro del caso conocido como ‘caso Villarejo’. La acusación, presentada por la fiscal Elisa Lamela, centra la investigación en la alta dirección del banco por un presunto espionaje sistemático dirigido a empresas y particulares entre 2004 y 2016.
La petición se desglosa en cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho y otros 168 años por 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros, asignando cuatro años por cada uno. Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de 60.800 euros para el exbanquero.
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BBVA, la única empresa del Ibex 35 que afronta juicio
Este proceso adquiere especial relevancia porque el BBVA es la única entidad del Ibex 35 que se sentará en el banquillo como persona jurídica por contratar a empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo. Mientras que otros grandes grupos como Iberdrola, Repsol o Caixabank vieron sus causas archivadas por falta de pruebas, la Fiscalía reclama para BBVA una multa de 180 millones de euros por delitos de cohecho y revelación de secretos.
En contraste, Ángel Cano, quien fue consejero delegado durante parte del periodo investigado, ha sido exonerado por el Ministerio Público, que no le imputa cargo alguno en esta fase de conclusiones provisionales.
Condenas significativas para Corrochano y Villarejo
Aunque la petición para Francisco González es severa, no es la más alta del procedimiento. La Fiscalía demanda 243 años de cárcel para Julio Corrochano, exjefe de seguridad del BBVA, imputado por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Para el excomisario Villarejo se solicitan 174 años de prisión, agravando la responsabilidad dada su condición de funcionario público en el momento de los hechos.
El escrito acusa a un total de 12 exaltos directivos y exmandos policiales, marcando un hito en la investigación sobre las relaciones entre las cloacas del Estado y altos cargos del sector financiero español.
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