El Ministerio Fiscal ha avanzado en la causa contra la red criminal desarticulada por la UDYCO en octubre. Según informa El Faro de Ceuta, el escrito provisional de acusación se ha confirmado, manteniendo cargos contra 25 personas por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, con condenas que superan los siete años de prisión para los principales responsables.
Una estructura profesional: técnicas especializadas para el transporte de hachís
La investigación, que duró más de un año, permitió a la Policía Nacional relacionar hasta ocho intentos de traspaso fallidos entre junio de 2024 y octubre de 2025.
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Lo más destacado de esta organización fue su elevado nivel técnico. Los implicados no empleaban métodos simples; según la Fiscalía, usaban vehículos y embarcaciones equipados con dobles fondos electrónicos:
- Sistemas magnéticos: compartimientos que se abrían únicamente con imanes de seguridad.
- Mecanismos a distancia: trampillas ocultas controladas mediante mandos remotos.
- Logística especializada: instalaciones clandestinas diseñadas para evadir controles policiales en la ruta Ceuta-Algeciras.
Funciones específicas: desde el «Banco» hasta el «Notario»
La Fiscalía detalla una estructura jerárquica casi empresarial, encabezada por un matrimonio: R.D.G., considerado el líder, y su esposa P.C.T., acusada de colaboración y extorsiones para asegurar el silencio de los pasadores. M.N.Ch.A. actuaba como colíder, encargado de recibir la mercancía desde Marruecos.
El resto de la organización distribuía funciones concretas para reducir riesgos:
- El «Banco»: responsable de guardar el dinero en efectivo.
- El «Notario»: encargado de vigilancia y comunicación para alertar sobre presencia policial.
- La «Caleta»: viviendas utilizadas para envasar y ocultar la droga.
Resultados de la operación
El Ministerio Público atribuye a esta red la incautación de 885 kilos de hachís, además de importantes cantidades de dinero en efectivo y una flota de vehículos y embarcaciones adaptados para el tráfico ilegal.
A pesar de que los acusados contaban con información sobre los movimientos policiales, la intervención de la UDYCO en octubre de 2025 permitió desmantelar la organización sin que se detectara participación de agentes públicos en la trama.
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