El Ministerio del Interior ha instruido a la Dirección General de la Policía a ajustar sus protocolos internos para limitar el uso del espray de defensa personal durante manifestaciones y grandes concentraciones, sustituyéndolo por el uso de botes de humo lacrimógeno considerados «inocuos» en las operaciones de orden público.
Esta medida surge después de las críticas y controversias generadas por las actuaciones policiales en la huelga general del 11 de noviembre, eventos que motivaron al ministro Fernando Grande-Marlaska a iniciar una investigación reservada y a poner en duda la proporcionalidad de ciertas intervenciones.
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Nuevas restricciones y excepciones en la actuación policial
Según la nueva directiva, los agentes encargados de dispositivos especiales de orden público ya no podrán emplear el espray individual de defensa. En su lugar, los equipos antidisturbios deberán utilizar artificios ATL —botes de humo lacrimógeno no dañinos lanzados mediante bocachas acopladas a escopetas reglamentarias— en situaciones que requieran dispersar aglomeraciones o controlar altercados graves.
Sin embargo, esta prohibición no se aplica a los servicios regulares de seguridad ciudadana, por lo que los patrullas tipo ‘zeta’ seguirán autorizados para portar y usar el espray de forma individual para inmovilizar a sospechosos y proceder a su detención.
Reacciones sindicales y desacuerdo con la modificación del protocolo
La decisión ha causado inquietud en las organizaciones sindicales de la Policía Nacional. Los representantes han puesto en duda la efectividad técnica de esta instrucción, argumentando que los botes de humo lacrimógeno producen una nube de dispersión mucho más extensa que el espray dirigido, lo que podría afectar indiscriminadamente a los ciudadanos y aumentar el riesgo de incidentes.
Además, los sindicatos interpretan esta medida como un gesto que pone «bajo sospecha» la labor policial, criticando que se cambien los criterios de actuación bajo presiones políticas. Por su parte, el ministro Grande-Marlaska ha descartado su dimisión y, aunque ha respaldado la labor general de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha insistido en que toda intervención debe respetar estrictamente los principios de proporcionalidad, necesidad y congruencia.
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