MADRID — El Ejecutivo ha confiado a la empresa de seguridad e infraestructuras responsable de los dispositivos telemáticos para el control de agresores, que han sido cuestionados tras problemas masivos en la migración de datos, la labor de garantizar la seguridad del Ejército de Tierra en misiones internacionales y ubicaciones estratégicas como Líbano, Irak y Letonia, además de su actuación en territorio nacional.
La adjudicación, realizada mediante un proceso de licitación abierta, se ha formalizado por una cantidad que asciende a cientos de miles de euros, sin que los antecedentes y problemas presentados en la etapa anterior con los dispositivos destinados a proteger a víctimas de violencia de género hayan sido considerados un obstáculo por el Gobierno.
Críticas por la adjudicación y antecedentes de los contratos
Esta decisión vuelve a centrar la atención en la política de contratación pública, coincidiendo con la reciente actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas, a solicitud de la Fiscalía Europea, para investigar posibles irregularidades y deficiencias en estos contratos.
Mientras tanto, los partidos de la oposición reprochan al Gobierno que siga apoyando a las mismas compañías adjudicatarias a pesar de los informes del Tribunal de Cuentas que señalaban deficiencias técnicas significativas y fallos de cobertura en los sistemas. Actualmente, esta empresa se encarga de la vigilancia y el soporte de seguridad para las tropas españolas desplegadas en el exterior.
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La adjudicación, realizada mediante un proceso de licitación abierta, se ha formalizado por una cantidad que asciende a cientos de miles de euros, sin que los antecedentes y problemas presentados en la etapa anterior con los dispositivos destinados a proteger a víctimas de violencia de género hayan sido considerados un obstáculo por el Gobierno.
Críticas por la adjudicación y antecedentes de los contratos
Esta decisión vuelve a centrar la atención en la política de contratación pública, coincidiendo con la reciente actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas, a solicitud de la Fiscalía Europea, para investigar posibles irregularidades y deficiencias en estos contratos.
Mientras tanto, los partidos de la oposición reprochan al Gobierno que siga apoyando a las mismas compañías adjudicatarias a pesar de los informes del Tribunal de Cuentas que señalaban deficiencias técnicas significativas y fallos de cobertura en los sistemas. Actualmente, esta empresa se encarga de la vigilancia y el soporte de seguridad para las tropas españolas desplegadas en el exterior.
MADRID — El Ejecutivo ha confiado a la empresa de seguridad e infraestructuras responsable de los dispositivos telemáticos para el control de agresores, que han sido cuestionados tras problemas masivos en la migración de datos, la labor de garantizar la seguridad del Ejército de Tierra en misiones internacionales y ubicaciones estratégicas como Líbano, Irak y Letonia, además de su actuación en territorio nacional.
La adjudicación, realizada mediante un proceso de licitación abierta, se ha formalizado por una cantidad que asciende a cientos de miles de euros, sin que los antecedentes y problemas presentados en la etapa anterior con los dispositivos destinados a proteger a víctimas de violencia de género hayan sido considerados un obstáculo por el Gobierno.
Críticas por la adjudicación y antecedentes de los contratos
Esta decisión vuelve a centrar la atención en la política de contratación pública, coincidiendo con la reciente actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas, a solicitud de la Fiscalía Europea, para investigar posibles irregularidades y deficiencias en estos contratos.
Mientras tanto, los partidos de la oposición reprochan al Gobierno que siga apoyando a las mismas compañías adjudicatarias a pesar de los informes del Tribunal de Cuentas que señalaban deficiencias técnicas significativas y fallos de cobertura en los sistemas. Actualmente, esta empresa se encarga de la vigilancia y el soporte de seguridad para las tropas españolas desplegadas en el exterior.
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La adjudicación, realizada mediante un proceso de licitación abierta, se ha formalizado por una cantidad que asciende a cientos de miles de euros, sin que los antecedentes y problemas presentados en la etapa anterior con los dispositivos destinados a proteger a víctimas de violencia de género hayan sido considerados un obstáculo por el Gobierno.
Críticas por la adjudicación y antecedentes de los contratos
Esta decisión vuelve a centrar la atención en la política de contratación pública, coincidiendo con la reciente actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas, a solicitud de la Fiscalía Europea, para investigar posibles irregularidades y deficiencias en estos contratos.
Mientras tanto, los partidos de la oposición reprochan al Gobierno que siga apoyando a las mismas compañías adjudicatarias a pesar de los informes del Tribunal de Cuentas que señalaban deficiencias técnicas significativas y fallos de cobertura en los sistemas. Actualmente, esta empresa se encarga de la vigilancia y el soporte de seguridad para las tropas españolas desplegadas en el exterior.
