La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias considera injustificable la exclusión del donanemab del Sistema Nacional de Salud, un tratamiento aprobado por la EMA que retrasa considerablemente la progresión de la enfermedad.
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, decidió no incluir en la financiación pública el fármaco Kisunla® (donanemab). Se trata del primer y único medicamento que ha probado su capacidad para modificar el desarrollo clínico del alzhéimer, indicado para adultos en las primeras etapas sintomáticas, es decir, con deterioro cognitivo leve o demencia leve. La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) calificó como «injustificable» la decisión, tomada en la sesión del 15 de julio de 2026, y advierte que miles de afectados en España se quedan sin opciones terapéuticas en la sanidad pública.
La evidencia científica del tratamiento desarrollado por Lilly
El donanemab es fruto de más de 35 años de investigación por parte de la farmacéutica Lilly. A diferencia de tratamientos tradicionales que solo alivian temporalmente los síntomas, este anticuerpo monoclonal actúa modificando la progresión de la enfermedad. Además, posee evidencia que respalda la finalización del tratamiento cuando se eliminan las placas de amiloide acumuladas en el cerebro.
En la población europea se han registrado datos que prueban la eficacia de la molécula en las etapas iniciales del alzhéimer:
- Progresión clínica: Donanemab reduce en un 38% el riesgo de que el paciente avance al siguiente estadio clínico en comparación con un placebo.
- Evolución de la demencia: El tratamiento disminuye en un 48% el riesgo de que el enfermo progrese a una demencia moderada frente a quienes no reciben el medicamento.
A pesar de contar con la aprobación científica de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y de estar presente en más de cincuenta países, así como en la sanidad privada española, la resolución del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas limita el acceso a este avance en la atención pública. La confederación denuncia que la decisión no pone en duda la validez científica del medicamento, sino que impide a los especialistas y neurólogos del sistema público prescribirlo a los pacientes que cumplen los criterios clínicos establecidos.
Consecuencias familiares y el impacto en el sistema de dependencia
Las organizaciones de pacientes y sociedades científicas advierten que la decisión afecta de manera inmediata y permanente a una generación de enfermos. Por el carácter degenerativo del alzhéimer, con el paso del tiempo muchos pacientes dejarán de cumplir los criterios estrictos para acceder a este tratamiento en fase temprana, perdiendo la oportunidad de ralentizar la pérdida de memoria y autonomía.
Por otra parte, CEAFA rechaza los argumentos económicos que justifican la negativa a la financiación pública. El colectivo familiar sostiene que cuidar a una persona con alzhéimer en estadios avanzados genera un coste medio cercano a los 30.000 euros anuales para las familias españolas, que actualmente soportan cerca del 80% del impacto económico total de la enfermedad debido al colapso del sistema público de dependencia. En este sentido, la confederación señala que no financiar el tratamiento en etapas iniciales no implica un ahorro público real, sino que traslada ese coste a fases más avanzadas y graves, donde la dependencia y los costes sociales y sanitarios asociados son mucho mayores.
Una decisión que rompe el consenso técnico y social
La resolución de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se produjo tras meses de trabajo conjunto entre asociaciones y diversas sociedades científicas. Durante este tiempo, se realizaron reuniones con ministerios, grupos parlamentarios, comunidades autónomas y responsables sanitarios para elaborar propuestas que aseguraran una incorporación ordenada, justa y científicamente rigurosa de estas terapias innovadoras en el Sistema Nacional de Salud. Este proceso contó incluso con el apoyo expreso del Ministerio de Industria y Turismo, que reconoció la importancia estratégica de facilitar la aplicación de estas innovaciones biomédicas en el país.
Para los expertos e investigadores sanitarios, la negativa de la Administración representa un desincentivo para la comunidad científica. Consideran que tras años de inversión en la búsqueda de tratamientos eficaces contra el alzhéimer, se está bloqueando el acceso de los pacientes del sistema público a los frutos de la investigación traslacional cuando la ciencia ha alcanzado su meta.
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La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, decidió no incluir en la financiación pública el fármaco Kisunla® (donanemab). Se trata del primer y único medicamento que ha probado su capacidad para modificar el desarrollo clínico del alzhéimer, indicado para adultos en las primeras etapas sintomáticas, es decir, con deterioro cognitivo leve o demencia leve. La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) calificó como «injustificable» la decisión, tomada en la sesión del 15 de julio de 2026, y advierte que miles de afectados en España se quedan sin opciones terapéuticas en la sanidad pública.
La evidencia científica del tratamiento desarrollado por Lilly
El donanemab es fruto de más de 35 años de investigación por parte de la farmacéutica Lilly. A diferencia de tratamientos tradicionales que solo alivian temporalmente los síntomas, este anticuerpo monoclonal actúa modificando la progresión de la enfermedad. Además, posee evidencia que respalda la finalización del tratamiento cuando se eliminan las placas de amiloide acumuladas en el cerebro.
En la población europea se han registrado datos que prueban la eficacia de la molécula en las etapas iniciales del alzhéimer:
- Progresión clínica: Donanemab reduce en un 38% el riesgo de que el paciente avance al siguiente estadio clínico en comparación con un placebo.
- Evolución de la demencia: El tratamiento disminuye en un 48% el riesgo de que el enfermo progrese a una demencia moderada frente a quienes no reciben el medicamento.
A pesar de contar con la aprobación científica de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y de estar presente en más de cincuenta países, así como en la sanidad privada española, la resolución del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas limita el acceso a este avance en la atención pública. La confederación denuncia que la decisión no pone en duda la validez científica del medicamento, sino que impide a los especialistas y neurólogos del sistema público prescribirlo a los pacientes que cumplen los criterios clínicos establecidos.
Consecuencias familiares y el impacto en el sistema de dependencia
Las organizaciones de pacientes y sociedades científicas advierten que la decisión afecta de manera inmediata y permanente a una generación de enfermos. Por el carácter degenerativo del alzhéimer, con el paso del tiempo muchos pacientes dejarán de cumplir los criterios estrictos para acceder a este tratamiento en fase temprana, perdiendo la oportunidad de ralentizar la pérdida de memoria y autonomía.
Por otra parte, CEAFA rechaza los argumentos económicos que justifican la negativa a la financiación pública. El colectivo familiar sostiene que cuidar a una persona con alzhéimer en estadios avanzados genera un coste medio cercano a los 30.000 euros anuales para las familias españolas, que actualmente soportan cerca del 80% del impacto económico total de la enfermedad debido al colapso del sistema público de dependencia. En este sentido, la confederación señala que no financiar el tratamiento en etapas iniciales no implica un ahorro público real, sino que traslada ese coste a fases más avanzadas y graves, donde la dependencia y los costes sociales y sanitarios asociados son mucho mayores.
Una decisión que rompe el consenso técnico y social
La resolución de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se produjo tras meses de trabajo conjunto entre asociaciones y diversas sociedades científicas. Durante este tiempo, se realizaron reuniones con ministerios, grupos parlamentarios, comunidades autónomas y responsables sanitarios para elaborar propuestas que aseguraran una incorporación ordenada, justa y científicamente rigurosa de estas terapias innovadoras en el Sistema Nacional de Salud. Este proceso contó incluso con el apoyo expreso del Ministerio de Industria y Turismo, que reconoció la importancia estratégica de facilitar la aplicación de estas innovaciones biomédicas en el país.
Para los expertos e investigadores sanitarios, la negativa de la Administración representa un desincentivo para la comunidad científica. Consideran que tras años de inversión en la búsqueda de tratamientos eficaces contra el alzhéimer, se está bloqueando el acceso de los pacientes del sistema público a los frutos de la investigación traslacional cuando la ciencia ha alcanzado su meta.
La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias considera injustificable la exclusión del donanemab del Sistema Nacional de Salud, un tratamiento aprobado por la EMA que retrasa considerablemente la progresión de la enfermedad.
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, decidió no incluir en la financiación pública el fármaco Kisunla® (donanemab). Se trata del primer y único medicamento que ha probado su capacidad para modificar el desarrollo clínico del alzhéimer, indicado para adultos en las primeras etapas sintomáticas, es decir, con deterioro cognitivo leve o demencia leve. La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) calificó como «injustificable» la decisión, tomada en la sesión del 15 de julio de 2026, y advierte que miles de afectados en España se quedan sin opciones terapéuticas en la sanidad pública.
La evidencia científica del tratamiento desarrollado por Lilly
El donanemab es fruto de más de 35 años de investigación por parte de la farmacéutica Lilly. A diferencia de tratamientos tradicionales que solo alivian temporalmente los síntomas, este anticuerpo monoclonal actúa modificando la progresión de la enfermedad. Además, posee evidencia que respalda la finalización del tratamiento cuando se eliminan las placas de amiloide acumuladas en el cerebro.
En la población europea se han registrado datos que prueban la eficacia de la molécula en las etapas iniciales del alzhéimer:
- Progresión clínica: Donanemab reduce en un 38% el riesgo de que el paciente avance al siguiente estadio clínico en comparación con un placebo.
- Evolución de la demencia: El tratamiento disminuye en un 48% el riesgo de que el enfermo progrese a una demencia moderada frente a quienes no reciben el medicamento.
A pesar de contar con la aprobación científica de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y de estar presente en más de cincuenta países, así como en la sanidad privada española, la resolución del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas limita el acceso a este avance en la atención pública. La confederación denuncia que la decisión no pone en duda la validez científica del medicamento, sino que impide a los especialistas y neurólogos del sistema público prescribirlo a los pacientes que cumplen los criterios clínicos establecidos.
Consecuencias familiares y el impacto en el sistema de dependencia
Las organizaciones de pacientes y sociedades científicas advierten que la decisión afecta de manera inmediata y permanente a una generación de enfermos. Por el carácter degenerativo del alzhéimer, con el paso del tiempo muchos pacientes dejarán de cumplir los criterios estrictos para acceder a este tratamiento en fase temprana, perdiendo la oportunidad de ralentizar la pérdida de memoria y autonomía.
Por otra parte, CEAFA rechaza los argumentos económicos que justifican la negativa a la financiación pública. El colectivo familiar sostiene que cuidar a una persona con alzhéimer en estadios avanzados genera un coste medio cercano a los 30.000 euros anuales para las familias españolas, que actualmente soportan cerca del 80% del impacto económico total de la enfermedad debido al colapso del sistema público de dependencia. En este sentido, la confederación señala que no financiar el tratamiento en etapas iniciales no implica un ahorro público real, sino que traslada ese coste a fases más avanzadas y graves, donde la dependencia y los costes sociales y sanitarios asociados son mucho mayores.
Una decisión que rompe el consenso técnico y social
La resolución de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se produjo tras meses de trabajo conjunto entre asociaciones y diversas sociedades científicas. Durante este tiempo, se realizaron reuniones con ministerios, grupos parlamentarios, comunidades autónomas y responsables sanitarios para elaborar propuestas que aseguraran una incorporación ordenada, justa y científicamente rigurosa de estas terapias innovadoras en el Sistema Nacional de Salud. Este proceso contó incluso con el apoyo expreso del Ministerio de Industria y Turismo, que reconoció la importancia estratégica de facilitar la aplicación de estas innovaciones biomédicas en el país.
Para los expertos e investigadores sanitarios, la negativa de la Administración representa un desincentivo para la comunidad científica. Consideran que tras años de inversión en la búsqueda de tratamientos eficaces contra el alzhéimer, se está bloqueando el acceso de los pacientes del sistema público a los frutos de la investigación traslacional cuando la ciencia ha alcanzado su meta.
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La evidencia científica del tratamiento desarrollado por Lilly
El donanemab es fruto de más de 35 años de investigación por parte de la farmacéutica Lilly. A diferencia de tratamientos tradicionales que solo alivian temporalmente los síntomas, este anticuerpo monoclonal actúa modificando la progresión de la enfermedad. Además, posee evidencia que respalda la finalización del tratamiento cuando se eliminan las placas de amiloide acumuladas en el cerebro.
En la población europea se han registrado datos que prueban la eficacia de la molécula en las etapas iniciales del alzhéimer:
- Progresión clínica: Donanemab reduce en un 38% el riesgo de que el paciente avance al siguiente estadio clínico en comparación con un placebo.
- Evolución de la demencia: El tratamiento disminuye en un 48% el riesgo de que el enfermo progrese a una demencia moderada frente a quienes no reciben el medicamento.
A pesar de contar con la aprobación científica de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y de estar presente en más de cincuenta países, así como en la sanidad privada española, la resolución del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas limita el acceso a este avance en la atención pública. La confederación denuncia que la decisión no pone en duda la validez científica del medicamento, sino que impide a los especialistas y neurólogos del sistema público prescribirlo a los pacientes que cumplen los criterios clínicos establecidos.
Consecuencias familiares y el impacto en el sistema de dependencia
Las organizaciones de pacientes y sociedades científicas advierten que la decisión afecta de manera inmediata y permanente a una generación de enfermos. Por el carácter degenerativo del alzhéimer, con el paso del tiempo muchos pacientes dejarán de cumplir los criterios estrictos para acceder a este tratamiento en fase temprana, perdiendo la oportunidad de ralentizar la pérdida de memoria y autonomía.
Por otra parte, CEAFA rechaza los argumentos económicos que justifican la negativa a la financiación pública. El colectivo familiar sostiene que cuidar a una persona con alzhéimer en estadios avanzados genera un coste medio cercano a los 30.000 euros anuales para las familias españolas, que actualmente soportan cerca del 80% del impacto económico total de la enfermedad debido al colapso del sistema público de dependencia. En este sentido, la confederación señala que no financiar el tratamiento en etapas iniciales no implica un ahorro público real, sino que traslada ese coste a fases más avanzadas y graves, donde la dependencia y los costes sociales y sanitarios asociados son mucho mayores.
Una decisión que rompe el consenso técnico y social
La resolución de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se produjo tras meses de trabajo conjunto entre asociaciones y diversas sociedades científicas. Durante este tiempo, se realizaron reuniones con ministerios, grupos parlamentarios, comunidades autónomas y responsables sanitarios para elaborar propuestas que aseguraran una incorporación ordenada, justa y científicamente rigurosa de estas terapias innovadoras en el Sistema Nacional de Salud. Este proceso contó incluso con el apoyo expreso del Ministerio de Industria y Turismo, que reconoció la importancia estratégica de facilitar la aplicación de estas innovaciones biomédicas en el país.
Para los expertos e investigadores sanitarios, la negativa de la Administración representa un desincentivo para la comunidad científica. Consideran que tras años de inversión en la búsqueda de tratamientos eficaces contra el alzhéimer, se está bloqueando el acceso de los pacientes del sistema público a los frutos de la investigación traslacional cuando la ciencia ha alcanzado su meta.
