El Kremlin aprueba una ley que permitirá procesar a ciudadanos por consultar información prohibida en línea
Tras haber prohibido casi todas las formas de manifestación pública, el Ejecutivo ruso avanza en su control de la disidencia digital: ahora penalizará la búsqueda de información que las autoridades clasifiquen como “extremista”. Así lo establece una modificación legislativa respaldada este martes por la Duma Estatal, que tipifica como delito el simple hecho de buscar y acceder a determinados contenidos en Internet.
Te puede interesar
En Rusia, la definición de “extremismo” es amplia y ambigua. El Ministerio de Justicia mantiene un listado de más de 500 sitios web con alrededor de 5.500 entradas que abarca desde organizaciones LGBT hasta grupos indígenas, escritores críticos y entidades como la Fundación Anticorrupción. Quienes visiten de forma intencionada estos contenidos —incluso a través de VPN— pueden ser multados, enfrentar procesos judiciales e incluso recibir condenas.
Las sanciones iniciales pueden alcanzar los 5.000 rublos (aproximadamente 60 euros), con posibilidad de cargos más severos. Además, se establecen multas de hasta 600 euros para quienes promocionen servicios VPN y hasta 6.000 euros para las empresas.
Las reacciones no se hicieron esperar. Este martes, cuatro personas fueron arrestadas frente a la Duma por manifestarse contra la nueva ley. Entre los detenidos estaba el politólogo Dimitri Kisiev, quien portaba un cartel que decía “Por una Rusia sin censura. Orwell escribió una distopía, no un manual”, así como el opositor Boris Nadezhdin, que anunció futuras protestas en defensa de la libertad digital.
Esta medida forma parte de una política más amplia que el Kremlin inició en 2022 contra plataformas digitales. Tras prohibir Facebook, Instagram y Twitter, ahora se enfoca en WhatsApp, que podría ser bloqueada próximamente en el país.
Irónicamente, Ekaterina Mizulina, presidenta de la Liga de Internet Segura y habitual partidaria de la censura, manifestó su desacuerdo. Señaló que esta ley dificultará incluso la labor de quienes buscan contenido extremista. Mizulina solicitó que la enmienda sea debatida públicamente.
El texto legal establece que para que haya delito debe probarse que el usuario tanto buscó como accedió al contenido prohibido. No obstante, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) no tendrá que verificar esto presencialmente, ya que podrá monitorear a distancia las actividades en línea de los ciudadanos, incluyendo sus búsquedas y pestañas abiertas.
“Es probable que se responsabilice a personas solo por tener una búsqueda en el historial o una pestaña abierta con contenido considerado extremista”, advirtió el abogado Andrei Grivtsov al diario Kommersant.
Algunos individuos han comenzado a borrar su historial diariamente, aunque expertos como Vasily Stepanenko, directivo de un proveedor de servicios en la nube, advierten que esta medida no será suficiente: los sitios bloqueados y los servicios VPN podrían verse obligados a entregar registros de actividad a las autoridades.
Mientras tanto, las solicitudes para manifestarse continúan siendo rechazadas bajo el argumento de restricciones por la pandemia de coronavirus, aún vigentes en Moscú. Paralelamente, la Policía irrumpió este martes en las oficinas del medio independiente Baza, uno de los pocos que todavía no está bajo control gubernamental.
Con esta nueva normativa, el espacio para el pensamiento crítico y la privacidad digital en Rusia se reduce aún más. Lo que antes era un escenario de ficción distópica, ahora se convierte progresivamente en una norma jurídica.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
