Una investigación judicial en Barcelona sobre una red criminal dedicada al tráfico de drogas ha sacado a la luz una posible red de comisiones ilegales relacionada con el principal contrato otorgado por la Diputación de Almería durante la pandemia. Este proceso, que terminó en los juzgados de Almería, afecta a destacados miembros provinciales del Partido Popular.
El caso comenzó cuando la policía catalana intervino comunicaciones de varios sospechosos vinculados con el narcotráfico. Entre ellos figura Kilian López, empresario que a través de la compañía Azor obtuvo un contrato valorado en dos millones de euros para la adquisición de mascarillas en la etapa más crítica de la crisis sanitaria.
“Hemos conseguido un gran beneficio con el precio de las mascarillas”
Durante las comunicaciones interceptadas, López manifestaba haber cerrado «una operación de dos millones», y afirmaba que «los de Almería se quedan 400 y yo otros 400», aludiendo aparentemente a una división de ganancias.
El juez de Barcelona, al enviar la parte del proceso relacionada con el contrato sanitario a los juzgados de Almería, puntualizó que la empresa beneficiaria no aparentaba cumplir con los requisitos técnicos ni financieros necesarios, dado que se dedicaba principalmente a la venta de piedra y presentaba un patrimonio y volumen de negocio limitados.
Funcionarios destacados de la Diputación, investigados
En Almería, la pesquisa sitúa al exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, como posible intermediario en la operación y receptor de pagos del empresario en cuestión.
Además, los informes policiales señalan al actual vicepresidente, Fernando Giménez, y al presidente provincial, Javier Aureliano García, como posibles beneficiarios de aproximadamente 400.000 euros en comisiones derivadas del contrato.
Este asunto se suma a eventos recientes, tales como la detención del presidente de la Diputación en el denominado caso mascarillas y el descubrimiento por parte de la UCO de 119.000 euros ocultos en una funda de almohada en el domicilio del alcalde de Fines, también investigado.
El proceso sigue abierto, a la espera de nuevas diligencias y de la determinación por parte del juzgado de Almería sobre las posibles responsabilidades penales y administrativas de los implicados.
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