Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está inscrito en Quirónprevención bajo el nombre de Alberto Burnet González. Así lo indica una investigación deldiario.es, que especifica que el empresario figura como «Director de Proyectos, Servicios Centrales» en la oficina situada en la calle Agustín de Betancourt, Madrid.
Esta información difiere de la versión dada por González Amador, quien siempre manifestó que su vinculación con el grupo sanitario era únicamente la de proveedor externo que facturaba servicios, sin formar parte del organigrama interno. A pesar del nombre diferente, contaba con un correo corporativo del grupo.
Desde Quirón explican que el uso de nombres alternativos y el acceso a cuentas internas no es algo poco común, señalando que más de 1.500 colaboradores externos utilizan correos corporativos del grupo. Argumentan que el cambio en la identidad de González Amador data de hace dos años, debido a la abundancia de correos recibidos tras revelarse públicamente su relación con Ayuso, iniciada en 2021.
De acuerdo con eldiario.es, entre 2021 y 2024 el Gobierno regional ha pagado a Quirón alrededor de 5.000 millones de euros, cifra que duplica lo inicialmente presupuestado por la Consejería de Sanidad para dicho periodo.
Acusado por fraude fiscal y facturas falsas
En noviembre pasado, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el procesamiento de González Amador por presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación documental, rechazando las apelaciones de su defensa. El caso se originó en mayo de 2022, cuando Hacienda determinó que defraudó 350.910 euros mediante 15 facturas falsas.
La denuncia filtrada generó un conflicto político, y Ayuso calificó la investigación como una “cacería” contra su persona.
Además, el caso provocó efectos institucionales: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue suspendido por el Tribunal Supremo por haber filtrado a la prensa correos del abogado de González Amador, en un intento de desmentir información que provenía de la Presidencia madrileña.
Durante el juicio, González Amador declaró haber experimentado una “indefensión sin precedentes”, llegando a definirse como “el defraudador confeso de España” y afirmando que sólo le quedaban dos opciones: “suicidarse o abandonar el país”.
Por su parte, el Supremo consideró estas afirmaciones exageradas y calificó de “excesivamente ambicioso” responsabilizar al fiscal general por la publicidad de su caso, aunque reconoció su papel como parte acusadora.
