El Ministerio de Trabajo confirmó este martes su decisión de avanzar con la reforma del registro horario, a pesar del informe desfavorable emitido por el Consejo de Estado. Este órgano consultivo rechazó el proyecto de real decreto argumentando que vulnera la protección de datos personales y supera las competencias del Gobierno, además de imponer cargas económicas considerables a las empresas.
Aun frente al dictamen negativo, el ministerio bajo la dirección de Yolanda Díaz sostiene que la norma es un compromiso «irrenunciable» dentro del acuerdo de coalición PSOE-Sumar, y que será presentado en el Consejo de Ministros «tan pronto como sea posible» tras efectuar ajustes técnicos menores.
Los tres fundamentos del rechazo del Consejo de Estado
El informe del Consejo de Estado dirigió críticas a la propuesta de Trabajo sustentándose en tres puntos esenciales:
- Protección de la privacidad: El dictamen señala que el acceso digital a los datos laborales por parte de la Inspección de Trabajo no garantiza suficientemente la protección de datos personales ni aclara quién tendrá acceso a dicha información.
- Exceder competencias reglamentarias: El órgano sostiene que el decreto no sólo desarrolla la ley vigente, sino que establece nuevas obligaciones para los empresarios que no están contempladas en normativas superiores.
- Impacto económico elevado para las Pymes: Según el análisis, la implantación del sistema digital supondría un coste cercano a los 868 millones de euros. Se estima un gasto aproximado de 55,4 euros por trabajador anualmente, afectando principalmente al 94% del tejido empresarial, compuesto por pequeñas y medianas empresas.
Tensiones internas en el Gobierno
La propuesta ha evidenciado diferencias profundas entre los distintos ministerios. Mientras Trabajo señala al Ministerio de Economía de favorecer a las empresas que no cumplen con la ley, el ministro Carlos Cuerpo ha defendido una «implementación equilibrada» que no perjudique a las pymes.
«El propósito es que el registro de jornada sea efectivo y erradique las horas extras no remuneradas», afirman fuentes de Trabajo, que acusan a la patronal y a Economía de obstaculizar este avance social.
Reacciones: Apoyo empresarial y alerta sindical
- CEOE y Cepyme: Han aplaudido el dictamen, señalando que el proyecto presenta un «vicio de nulidad» y advirtiendo que, si se aprueba sin cambios, recurrirán judicialmente.
- CCOO y UGT: Han manifestado su desacuerdo con el informe del Consejo de Estado, lamentando que se pongan «obstáculos» a una herramienta necesaria para combatir el fraude laboral.
El Ministerio de Trabajo está trabajando en modificar el texto para fortalecer su solidez jurídica, enfocándose en reforzar la negociación colectiva y los protocolos de protección de datos, aunque manteniendo la obligatoriedad del formato digital con acceso en tiempo real para la Inspección.
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