Un juzgado en Tudela ha emitido el auto de procesamiento contra cinco personas de dos familias, implicadas en la presunta venta y matrimonio forzoso de una menor en Corella (Navarra). Los hechos, ocurridos en agosto de 2025, involucran un caso de trata de personas donde una adolescente de 14 años fue entregada a cambio de dinero y alcohol.
El juez instructor sostiene que hay suficientes indicios para llevar a juicio a los involucrados por trata con motivo de matrimonio forzoso y explotación para mendicidad.
Un acuerdo registrado en redes sociales
La pesquisa reveló aspectos relevantes sobre la ejecución y organización de la entrega de la menor:
- El coste del acuerdo: Aunque en un principio se mencionó un monto de 10.000 euros, finalmente se acordó un pago de 5.000 euros en efectivo, cinco botellas de whisky y alimentos, según testigos y la confesión inicial del padre ante la Policía Local.
- Pruebas en Instagram: El juez dispone de videos extraídos del perfil de la madre de la niña, donde se observa la celebración del compromiso, con el «esposo» entregándole un anillo a la menor, además de imágenes en las que la madre muestra billetes en efectivo.
- Explotación en Lérida: Posteriormente, la joven fue trasladada a la provincia de Lérida. La investigación confirmó que las autoridades la localizaron ejerciendo la mendicidad en Borges Blanques y Bellpuig, presuntamente bajo la influencia de su marido y su suegro.
Estado procesal
A pesar de la gravedad de las imputaciones, los cinco acusados están actualmente en libertad provisional, condición que se mantendrá hasta la realización del juicio, dado que el juez considera que no han cambiado las condiciones para modificar su situación.
Fragmento del auto: El juez clasifica estos hechos como un claro caso de trata de personas, enfatizando la vulnerabilidad particular de la víctima debido a su edad y al contexto de explotación posterior al pago.
Los imputados han sido citados para declarar el próximo 9 de junio. Este proceso podría sentar un precedente en la lucha contra los matrimonios forzados en la región, señalando la responsabilidad penal tanto de quienes adquieren como de los progenitores que venden a sus hijos.
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