El Ministerio de Trabajo confirmó este martes su decisión de avanzar con la reforma del registro horario, a pesar del informe desfavorable emitido por el Consejo de Estado. Este órgano consultivo rechazó el proyecto de real decreto argumentando que vulnera la protección de datos personales y supera las competencias del Gobierno, además de imponer cargas económicas considerables a las empresas.
Aun frente al dictamen negativo, el ministerio bajo la dirección de Yolanda Díaz sostiene que la norma es un compromiso «irrenunciable» dentro del acuerdo de coalición PSOE-Sumar, y que será presentado en el Consejo de Ministros «tan pronto como sea posible» tras efectuar ajustes técnicos menores.
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Los tres fundamentos del rechazo del Consejo de Estado
El informe del Consejo de Estado dirigió críticas a la propuesta de Trabajo sustentándose en tres puntos esenciales:
- Protección de la privacidad: El dictamen señala que el acceso digital a los datos laborales por parte de la Inspección de Trabajo no garantiza suficientemente la protección de datos personales ni aclara quién tendrá acceso a dicha información.
- Exceder competencias reglamentarias: El órgano sostiene que el decreto no sólo desarrolla la ley vigente, sino que establece nuevas obligaciones para los empresarios que no están contempladas en normativas superiores.
- Impacto económico elevado para las Pymes: Según el análisis, la implantación del sistema digital supondría un coste cercano a los 868 millones de euros. Se estima un gasto aproximado de 55,4 euros por trabajador anualmente, afectando principalmente al 94% del tejido empresarial, compuesto por pequeñas y medianas empresas.
Tensiones internas en el Gobierno
La propuesta ha evidenciado diferencias profundas entre los distintos ministerios. Mientras Trabajo señala al Ministerio de Economía de favorecer a las empresas que no cumplen con la ley, el ministro Carlos Cuerpo ha defendido una «implementación equilibrada» que no perjudique a las pymes.
«El propósito es que el registro de jornada sea efectivo y erradique las horas extras no remuneradas», afirman fuentes de Trabajo, que acusan a la patronal y a Economía de obstaculizar este avance social.
Reacciones: Apoyo empresarial y alerta sindical
- CEOE y Cepyme: Han aplaudido el dictamen, señalando que el proyecto presenta un «vicio de nulidad» y advirtiendo que, si se aprueba sin cambios, recurrirán judicialmente.
- CCOO y UGT: Han manifestado su desacuerdo con el informe del Consejo de Estado, lamentando que se pongan «obstáculos» a una herramienta necesaria para combatir el fraude laboral.
El Ministerio de Trabajo está trabajando en modificar el texto para fortalecer su solidez jurídica, enfocándose en reforzar la negociación colectiva y los protocolos de protección de datos, aunque manteniendo la obligatoriedad del formato digital con acceso en tiempo real para la Inspección.
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