Las administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular y Vox en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León han promovido un considerable aumento en las subvenciones y beneficios fiscales dirigidos al sector cinegético. Estas acciones —que comprenden ayudas directas para cartuchos, licencias sin coste, recursos para censos impulsados por cazadores y programas de promoción en centros escolares— anticipan un respaldo sin precedentes si ambas fuerzas políticas consiguen la mayoría parlamentaria tras las elecciones generales.
Aunque la práctica de la caza experimenta un descenso poblacional debido a la falta de reemplazo generacional —reduciéndose de casi un millón de participantes a los actuales 577.742 cazadores (equivalentes al 1,6% del censo electoral)—, ambos partidos disputan el voto de un sector que contribuye con 10.200 millones al PIB y favorece la fijación de población en zonas rurales.
Líneas principales de ayuda en las comunidades autónomas
Las consejerías autonómicas (mayoritariamente gestionadas por Vox, salvo en Andalucía) han lanzado diversas asignaciones presupuestarias para responder a las demandas del sector:
- Subvenciones para munición: Aragón ha incorporado en sus próximos presupuestos 30.000 euros para cubrir cartuchos destinados a controlar conejos y reducir los daños en los cultivos agrícolas.
- Censos y «ciencia ciudadana»: Se financian iniciativas para que los propios cazadores realicen el seguimiento de las especies. Aragón dedicará 35.000 euros a censos de codornices y monitorización poblacional, mientras que Andalucía dispone ya de 3.100 censadores en su Observatorio Cinegético.
- Ayudas directas a cotos y federaciones: Extremadura ha incrementado por doce sus partidas para mejorar hábitats y refugios en cotos (de 50.000 a 600.000 euros), además de subvencionar producciones audiovisuales del sector. Andalucía, por su parte, duplicará los fondos destinados a su federación autonómica.
- Gratuidad de tasas y promoción escolar: Castilla y León y Extremadura ofrecen licencias de caza gratuitas, y Andalucía ha reducido un 50% su coste. Además, Extremadura y Andalucía mantienen programas educativos para acercar la actividad cinegética y el manejo de escopetas a estudiantes.
Agenda nacional: el plan para la caza del lobo
De cara a las elecciones generales, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha desarrollado el decálogo La caza también vota, documento de compromisos que el PP ha firmado formalmente.
En sus programas electorales, tanto PP como Vox defienden la caza como herramienta fundamental para la gestión ambiental y económica del medio rural. Como medida principal, el PP se compromete a revertir la protección del lobo en la zona norte del Duero establecida desde 2021 —excluyéndolo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE)—, lo que permitiría reactivar los cupos de caza de esta especie.
La oposición de organizaciones ecologistas
Este conjunto de medidas ha suscitado un pronunciado rechazo por parte de colectivos conservacionistas como Ecologistas en Acción. Sus representantes critican la utilización de fondos públicos para financiar munición con plomo o para desarrollar infraestructuras en cotos privados que alteran los ecosistemas.
Además, ponen en duda la precisión técnica de los censos realizados por los propios cazadores frente a los métodos científicos usados por biólogos, y rechazan las actividades en colegios al considerarlas un intento de «normalizar» la muerte de animales entre niños.
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