El Ejecutivo ha admitido oficialmente a Guillem Agulló como víctima del terrorismo, poniendo fin a una prolongada reivindicación que la familia ha mantenido durante más de 30 años. Este joven, activo militante antifascista y antirracista, fue asesinado en abril de 1993 en Montanejos, provincia de Castellón, por un grupo con ideología neonazi.
Esta decisión llega después de las recientes reuniones del Gobierno —incluido un encuentro directo del presidente Pedro Sánchez con los familiares de Agulló— para explorar las vías legales que permitieran honrar y reparar la memoria del caso.
Aspectos clave del reconocimiento y contexto histórico
- Crimen motivado políticamente: Aunque la sentencia original calificó los hechos como un homicidio dentro de una «pelea juvenil» —sin reconocer formalmente el móvil político que ya sostenían la instrucción y la fiscalía—, la familia y colectivos asociados han reclamado siempre que se trate como un atentado de extrema derecha.
- Campaña por la reparación: Durante más de tres décadas, los padres de Guillem y diversos colectivos sociales han impulsado una campaña constante de memoria, exigiendo a las instituciones un posicionamiento claro de condena y equiparación con otras víctimas de violencia ultraderechista.
- Apoyo institucional: El reconocimiento por parte del Ejecutivo se produce tras semanas de peticiones públicas respaldadas por cientos de firmas y representantes del ámbito social y político, cerrando una deuda histórica en la protección y reconocimiento de víctimas de crímenes de odio en España.
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