La OTAN junto con agencias de seguridad de Europa investigan la posible utilización de una red de barcos mercantes vinculados a Moscú —denominada «flota fantasma» y creada para evadir sanciones— como plataformas móviles para operar y controlar drones en el mar Báltico. Esta estrategia convertiría a estos navíos civiles en dispositivos para la guerra híbrida.
Las sospechas se intensificaron a principios de septiembre, tras el abordaje entre el 7 y el 10 de septiembre del carguero Scanlark por fuerzas alemanas en la esclusa de Kiel-Holtenau. Se considera que este barco pudo desplegar un dron que, según la investigación, sobrevoló y tomó fotografías a una fragata alemana el 26 de agosto. La Fiscalía de Flensburg está indagando la posible existencia de una “base móvil de drones” en relación con este caso y lo enlaza a cientos de vuelos sospechosos próximos a infraestructuras críticas en 2025.
Una nueva alarma surgió el 22 de septiembre, cuando varios drones de gran tamaño provocaron la suspensión temporal del aeropuerto de Kastrup en Copenhague y ocasionaron la desviación o cancelación de cerca de 150 vuelos. Según fuentes de seguridad danesas citadas por la televisión pública, tres barcos fueron identificados como presuntos lanzadores de al menos uno de estos drones. Entre ellos figuran el petrolero sancionado Astrol 1, que navegó ese día por el estrecho de Öresund realizando maniobras atípicas; el petrolero Pushpa —también sancionado por la UE y con bandera de Benín—, que fue vigilado durante horas por un buque aliado; y el carguero Oslo Carrier 3, ubicado a pocos kilómetros del aeropuerto y con empresa radicada en Kaliningrado, enclave ruso.
La transformación de buques civiles en plataformas nodrizas para drones no es nueva: Irán ha adaptado antiguos portacontenedores para operar drones y armamento desde sus cubiertas, y esas prácticas podrían servir como modelo para tácticas de “negación verosímil” en aguas internacionales.
Las consecuencias trascienden el espionaje, ya que la flota fantasma —ideada para eludir sanciones energéticas— también ha sido vinculada con actos de sabotaje. Un caso relevante en Finlandia derivó en imputaciones: el capitán y dos oficiales del petrolero Eagle S fueron acusados de cortar cinco cables submarinos entre Finlandia y Estonia el 25 de diciembre de 2024, después de arrastrar un ancla por decenas de kilómetros. Este fue el primer proceso penal de este tipo en un país miembro de la OTAN.
Expertos y autoridades aliadas destacan que la militarización de plataformas civiles dificulta la atribución y la respuesta, pues los buques mercantes permiten operaciones de bajo coste y difícil seguimiento, que pueden ser presentadas como incidentes fortuitos. Mark Galeotti, especialista en operaciones en zonas grises, advierte que en esta «nueva modalidad de conflicto» cualquier elemento puede militarizarse para operar bajo el umbral del enfrentamiento abierto, originando molestias y sabotajes que consumen recursos y debilitan la voluntad política occidental.
Ante este panorama, la Unión Europea y la OTAN están revisando sanciones, patrullajes y marcos legales para actuar en aguas internacionales, donde la combinación de logística energética, inteligencia y posibles sabotajes está tensionando cada vez más el Báltico con tácticas híbridas. Las investigaciones en marcha en Alemania, Dinamarca y Finlandia buscan determinar la magnitud, responsables y vínculos entre los incidentes que, de confirmarse, revelarían una red organizada que emplea mercantes civiles como bases y lanzaderas de drones.
