El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una modificación del Reglamento de Extranjería que busca potenciar las vías de migración legal y agilizar procesos como la reagrupación familiar y la regulación de trabajos temporales para personas migrantes. Esta iniciativa es liderada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo la dirección de Elma Saiz.
La reforma fue anunciada inicialmente en diciembre de 2023, con la expectativa de implementarse en la primera mitad de 2024. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó en octubre que el nuevo reglamento se aprobaría en noviembre, estableciendo bases para eliminar trámites burocráticos y crear nuevas figuras en torno al empleo y las redes familiares.
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El nuevo reglamento plantea flexibilizar los requisitos para regularizar a inmigrantes, abordando desafíos como reducir plazos, eliminar duplicidades procedimentales y trasponer directivas europeas pendientes. Además, busca velar por los derechos humanos de quienes desean regularizarse en España.
Según la ministra Saiz, la reforma se centra en tres ejes principales: empleo, formación y redes familiares. Desde 2011, el reglamento ha sufrido modificaciones, siendo la última en 2022, cuando se introdujo la figura de ‘arraigo para la formación’, permitiendo a residentes de dos años regularizar su situación si se forman en profesiones demandadas.
En junio, se presentó un borrador de la reforma que incluía la reordenación de las figuras de arraigo, reduciendo tiempos de residencia y eliminando ciertos requisitos. Esta modificación responde a las nuevas realidades demográficas y laborales del país, mejorando las vías de acceso legal para extranjeros fuera de la Unión Europea.
Es importante destacar que esta reforma es distinta a otras iniciativas, como las negociaciones entre el Gobierno y Canarias para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, o la propuesta legislativa popular para la regularización extraordinaria de extranjeros, que busca beneficiar a medio millón de migrantes sin papeles.
El proceso de diálogo para esta reforma ha involucrado a más de 120 actores, incluyendo ONG, organizaciones profesionales y administraciones locales y autonómicas. Además, cuenta con el respaldo de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración y la Comisión Interministerial de Migraciones, buscando construir un marco legal que refleje las necesidades del mercado laboral y de los migrantes.
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