La vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó este viernes que las entidades públicas brindarán plena colaboración a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, que visitó las dependencias de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relevante. Montero, poco antes de participar en un acto en Sevilla, relativizó la naturaleza de estas acciones, aclarando que se tratan de «solicitudes de expedientes o información», no registros, vinculadas a la investigación que involucra a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y a Antxon Alonso.
Colaboración y reserva judicial
Ante preguntas de los periodistas sobre las intervenciones de la UCO en diferentes organismos públicos, la vicepresidenta recordó que toda la información se halla bajo secreto de sumario. Por ello, afirmó que solo puede referirse a los datos que se han divulgado en medios de comunicación, reconociendo que «en ocasiones la información que recibo es la misma que la publicada por los periodistas». Montero explicó que este secreto es necesario para que el tribunal garantice que las acciones se lleven a cabo con «sigilo y la discreción que permiten a los cuerpos y fuerzas de seguridad cumplir su función».
Diferenciando entre registros y solicitudes
La ministra de Hacienda hizo especial énfasis en aclarar la naturaleza de las acciones ejecutadas por la UCO en los ministerios y en Correos. Señaló: «Por supuesto existe plena colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad para que puedan acceder a cualquier institución u organismo donde consideren pertinente solicitar información útil para la investigación». Aclaró que las intervenciones no constituyen registros sino requerimientos documentales cuyo contenido desconoce.
Además, Montero valoró como «muy conveniente» que tanto la UCO, como la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) y otros órganos de investigación tengan acceso a cualquier organismo y expediente que contribuya al «esclarecimiento de los hechos». Finalizó garantizando una colaboración total de todas las instituciones del Estado, para que se aclare con precisión lo ocurrido y las personas implicadas respondan ante la justicia, que es lo procedente.
