El Ejecutivo ha expresado su firme apoyo al fiscal general del Estado luego de hacerse pública su imputación, basándose en la presunción de inocencia como pilar para enfrentar la presión política y judicial que enfrenta. Representantes del Gobierno han mostrado su rechazo ante el auto que imputa al fiscal y respaldan el voto particular del magistrado que inicialmente debía ser el ponente del caso.
Desde Moncloa argumentan que la resolución judicial tiene una motivación política evidente y resaltan que el voto discrepante pone en duda los criterios de la imputación. Insisten en que la conducta del fiscal siempre ha respetado el marco legal, y aseguran que no contemplan su destitución mientras no exista una sentencia definitiva.
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Este respaldo oficial se da en un contexto de creciente presión por parte de la oposición, que exige la dimisión inmediata del fiscal general por considerar que ha perdido legitimidad para ejercer su cargo.
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