La Fiscalía de Ceuta ha pedido a los juzgados de la ciudad autónoma que se abstengan en favor de la Audiencia Nacional en el procedimiento abierto contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. El Ministerio Público considera que su actuación durante las entradas de julio debe incluirse en la investigación que dirige la magistrada María Tardón.
La Fiscalía de Ceuta ha solicitado que los juzgados locales se inhiban en las diligencias iniciadas tras las denuncias contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación en las entradas de los días 30 y 31 de julio. Desde el Ministerio Público señalan que estos hechos no deben ser investigados de manera independiente en la justicia local, sino que deben unificarse en la causa que lleva la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional.
Según fuentes judiciales, la Fiscalía argumenta que las acciones atribuidas al delegado del Gobierno están directamente relacionadas con el operativo global que analiza el tribunal nacional. Por ello, es necesario realizar un examen conjunto sobre el papel que desempeñaron todas las autoridades involucradas en los hechos ocurridos a finales de julio.
Las investigaciones locales comenzaron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta, donde se decidió acumular las querellas presentadas por Vox y Hazte Oír a las diligencias previas abiertas tras una denuncia inicial de Manos Limpias. Estas tres organizaciones, que actúan como acusación popular, atribuyen al delegado presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Las acusaciones sostienen que la respuesta desde la Delegación del Gobierno frente a la llegada de más de 80.000 personas no se ajustó a los avisos previos recibidos. En estos momentos, los juzgados de Ceuta deberán decidir si aceptan el criterio del Ministerio Público y remiten la causa a la Audiencia Nacional en Madrid para su unificación.
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Según fuentes judiciales, la Fiscalía argumenta que las acciones atribuidas al delegado del Gobierno están directamente relacionadas con el operativo global que analiza el tribunal nacional. Por ello, es necesario realizar un examen conjunto sobre el papel que desempeñaron todas las autoridades involucradas en los hechos ocurridos a finales de julio.
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Las acusaciones sostienen que la respuesta desde la Delegación del Gobierno frente a la llegada de más de 80.000 personas no se ajustó a los avisos previos recibidos. En estos momentos, los juzgados de Ceuta deberán decidir si aceptan el criterio del Ministerio Público y remiten la causa a la Audiencia Nacional en Madrid para su unificación.
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Según fuentes judiciales, la Fiscalía argumenta que las acciones atribuidas al delegado del Gobierno están directamente relacionadas con el operativo global que analiza el tribunal nacional. Por ello, es necesario realizar un examen conjunto sobre el papel que desempeñaron todas las autoridades involucradas en los hechos ocurridos a finales de julio.
Las investigaciones locales comenzaron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta, donde se decidió acumular las querellas presentadas por Vox y Hazte Oír a las diligencias previas abiertas tras una denuncia inicial de Manos Limpias. Estas tres organizaciones, que actúan como acusación popular, atribuyen al delegado presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Las acusaciones sostienen que la respuesta desde la Delegación del Gobierno frente a la llegada de más de 80.000 personas no se ajustó a los avisos previos recibidos. En estos momentos, los juzgados de Ceuta deberán decidir si aceptan el criterio del Ministerio Público y remiten la causa a la Audiencia Nacional en Madrid para su unificación.
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Según fuentes judiciales, la Fiscalía argumenta que las acciones atribuidas al delegado del Gobierno están directamente relacionadas con el operativo global que analiza el tribunal nacional. Por ello, es necesario realizar un examen conjunto sobre el papel que desempeñaron todas las autoridades involucradas en los hechos ocurridos a finales de julio.
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Las acusaciones sostienen que la respuesta desde la Delegación del Gobierno frente a la llegada de más de 80.000 personas no se ajustó a los avisos previos recibidos. En estos momentos, los juzgados de Ceuta deberán decidir si aceptan el criterio del Ministerio Público y remiten la causa a la Audiencia Nacional en Madrid para su unificación.
