Sectores vinculados al régimen alauita califican de «conflicto político» y «interferencia» el proyecto de ley aprobado por el Congreso para conceder la nacionalidad a antiguos residentes del Sáhara español y a sus descendientes.
El medio marroquí Le360, próximo a círculos del poder en Rabat, reaccionó con firmeza ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa legislativa dirigida a otorgar la ciudadanía española a quienes residían en el Sáhara español antes de 1975 y a sus descendientes. Según la fuente, la propuesta encubre una interferencia en la integridad territorial de Marruecos bajo el argumento de una «reparación histórica», utilizando el legado del régimen franquista para legislar sobre la identidad de la población saharaui.
El análisis expuesto por el medio marroquí critica una «contradicción esencial» en el texto: mientras el preámbulo condena la provincialización del territorio efectuada por la dictadura como una maniobra colonial para impedir la descolonización por parte de la ONU, esta misma condición de «provincia 53» se emplea como fundamento legal para reconocer el derecho a la ciudadanía. Según esta interpretación, el proceso de naturalización por vía excepcional indica que no se trata de la restitución de derechos previos, sino de una nueva adquisición colectiva de la nacionalidad, sin datos claros sobre el número de beneficiarios, que podrían situarse entre 70.000 y 200.000 personas.
De igual modo, el texto señala que esta medida afectará directamente a los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia). Al facilitar el acceso a la Unión Europea, la ciudadanía española podría representar una salida para los residentes en esos campamentos, disminuyendo el apoyo a estructuras separatistas en lugar de fortalecerlas. Rabat concluye afirmando que el intento del Congreso español de cerrar el capítulo colonial termina, paradójicamente, en un trámite administrativo ante el Ministerio de Justicia español.
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El medio marroquí Le360, próximo a círculos del poder en Rabat, reaccionó con firmeza ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa legislativa dirigida a otorgar la ciudadanía española a quienes residían en el Sáhara español antes de 1975 y a sus descendientes. Según la fuente, la propuesta encubre una interferencia en la integridad territorial de Marruecos bajo el argumento de una «reparación histórica», utilizando el legado del régimen franquista para legislar sobre la identidad de la población saharaui.
El análisis expuesto por el medio marroquí critica una «contradicción esencial» en el texto: mientras el preámbulo condena la provincialización del territorio efectuada por la dictadura como una maniobra colonial para impedir la descolonización por parte de la ONU, esta misma condición de «provincia 53» se emplea como fundamento legal para reconocer el derecho a la ciudadanía. Según esta interpretación, el proceso de naturalización por vía excepcional indica que no se trata de la restitución de derechos previos, sino de una nueva adquisición colectiva de la nacionalidad, sin datos claros sobre el número de beneficiarios, que podrían situarse entre 70.000 y 200.000 personas.
De igual modo, el texto señala que esta medida afectará directamente a los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia). Al facilitar el acceso a la Unión Europea, la ciudadanía española podría representar una salida para los residentes en esos campamentos, disminuyendo el apoyo a estructuras separatistas en lugar de fortalecerlas. Rabat concluye afirmando que el intento del Congreso español de cerrar el capítulo colonial termina, paradójicamente, en un trámite administrativo ante el Ministerio de Justicia español.
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El medio marroquí Le360, próximo a círculos del poder en Rabat, reaccionó con firmeza ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa legislativa dirigida a otorgar la ciudadanía española a quienes residían en el Sáhara español antes de 1975 y a sus descendientes. Según la fuente, la propuesta encubre una interferencia en la integridad territorial de Marruecos bajo el argumento de una «reparación histórica», utilizando el legado del régimen franquista para legislar sobre la identidad de la población saharaui.
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De igual modo, el texto señala que esta medida afectará directamente a los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia). Al facilitar el acceso a la Unión Europea, la ciudadanía española podría representar una salida para los residentes en esos campamentos, disminuyendo el apoyo a estructuras separatistas en lugar de fortalecerlas. Rabat concluye afirmando que el intento del Congreso español de cerrar el capítulo colonial termina, paradójicamente, en un trámite administrativo ante el Ministerio de Justicia español.
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El análisis expuesto por el medio marroquí critica una «contradicción esencial» en el texto: mientras el preámbulo condena la provincialización del territorio efectuada por la dictadura como una maniobra colonial para impedir la descolonización por parte de la ONU, esta misma condición de «provincia 53» se emplea como fundamento legal para reconocer el derecho a la ciudadanía. Según esta interpretación, el proceso de naturalización por vía excepcional indica que no se trata de la restitución de derechos previos, sino de una nueva adquisición colectiva de la nacionalidad, sin datos claros sobre el número de beneficiarios, que podrían situarse entre 70.000 y 200.000 personas.
De igual modo, el texto señala que esta medida afectará directamente a los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia). Al facilitar el acceso a la Unión Europea, la ciudadanía española podría representar una salida para los residentes en esos campamentos, disminuyendo el apoyo a estructuras separatistas en lugar de fortalecerlas. Rabat concluye afirmando que el intento del Congreso español de cerrar el capítulo colonial termina, paradójicamente, en un trámite administrativo ante el Ministerio de Justicia español.
