El Partido Popular ha decidido poner el foco sobre María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, aprobando esta semana en el Senado una moción de reprobación que se suma a las ya dirigidas contra otros miembros del Ejecutivo como Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños, Óscar Puente y José Manuel Albares.
Con mayoría absoluta en la Cámara Alta, los populares darán luz verde este miércoles a la iniciativa que, según afirman, responde a una acumulación de errores políticos y decisiones cuestionables por parte de Montero. La consideran debilitada políticamente, especialmente desde que el presidente Pedro Sánchez le encomendara en enero la secretaría general del PSOE andaluz, posicionándola como futura candidata a la Junta de Andalucía.
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Desde el PP critican duramente la concentración de cargos en la figura de Montero, asegurando que su desempeño como ministra, vicepresidenta y líder regional ha derivado en una sobreexposición que ha evidenciado su «debilidad» política. «Sánchez tendrá que decidir si le quita alguno», apuntan desde las filas populares, donde aseguran que la ministra «acumula más escándalos y meteduras de pata que responsabilidades».
Entre los motivos de la reprobación figura su polémica declaración sobre el caso Dani Alves, donde, según el PP, Montero “negó la presunción de inocencia”, algo que califican de “inadmisible” en una democracia consolidada. También le reprochan la falta de Presupuestos Generales del Estado, lo que consideran una “vulneración de la Constitución”, al tratarse de una obligación del Ministerio de Hacienda.
En plena campaña de la renta, el PP acusa a la ministra de haber instaurado un «infierno fiscal». Subrayan que los españoles destinarán este año un 14,4% de su renta al IRPF, el mayor porcentaje registrado en la serie histórica, lo que afecta especialmente a comunidades como Andalucía, donde hay un alto número de contribuyentes.
Además, critican medidas como el intento de aplicar un IRPF elevado a trabajadores con Salario Mínimo Interprofesional —una propuesta que el Gobierno tuvo que rectificar— y la llamada «financiación singular» para Cataluña, que a juicio del PP «trocea la Hacienda común» en beneficio del pacto con los partidos independentistas.
El pasado político de Montero también ha sido blanco de los ataques. El PP no olvida su etapa como consejera en los gobiernos andaluces implicados en el caso de los ERE y señala la reciente vinculación de su jefe de gabinete en la trama Aldama como nuevas sombras sobre su gestión.
Desde Génova concluyen que la trayectoria de Montero “se ha complicado en tres frentes”: debilitada dentro del Ejecutivo, sin respaldo firme entre los socios parlamentarios, y erosionada de cara a su futuro electoral en Andalucía, donde deberá enfrentarse a un Juanma Moreno reforzado por la mayoría absoluta.
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