La Comunidad de Madrid indica que no ha recibido información oficial del Gobierno central sobre la cantidad ni la situación de los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la crisis ocurrida la semana pasada.
La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, declaró este jueves que el Ejecutivo regional solamente tiene conocimiento de lo sucedido a través de los medios de comunicación y demandó al Gobierno que detalle cuántos menores han sido identificados y en qué condiciones se encuentran.
Madrid reconoce no disponer de cifras sobre los menores
En una visita al Servicio de Emergencia Social, Dávila afirmó que la Comunidad de Madrid no cuenta con datos sobre la cantidad de menores acogidos en Ceuta ni acerca de su situación particular.
“La Comunidad de Madrid no posee información por parte del Gobierno respecto a la situación actual, salvo lo que se difunde en los medios de comunicación”, indicó la consejera.
El Gobierno regional solicita al Gobierno central que facilite datos antes de considerar algún traslado o reparto entre las comunidades autónomas.
La Comunidad responsabiliza al Ejecutivo central
Dávila defendió que es competencia del Gobierno central identificar a los menores, verificar su situación familiar y contactar con sus padres o tutores cuando sea posible.
La consejera señaló que el interés superior del menor implica promover la reunificación familiar cuando existan las garantías legales y de protección adecuadas.
Desde su perspectiva, el Gobierno debe realizar primero todas las verificaciones referentes a la identidad, edad, procedencia y entorno familiar de los niños y adolescentes.
Madrid solicita localizar a las familias
La responsable madrileña aseguró que muchos de los menores podrían tener familiares y pidió que se trabaje para localizarlos.
“Lo que demandamos al Gobierno es que identifique a los menores, que busque a sus familias y que los restituyan con ellas”, afirmó Dávila.
Estas manifestaciones reflejan la postura política de la Comunidad de Madrid. La situación particular de cada menor deberá analizarse conforme a la legislación de protección a la infancia y los procedimientos establecidos.
Dávila menciona el sistema de protección marroquí
La consejera también señaló que, en los casos en los que los menores se encuentren solos, podrían quedar bajo el sistema de protección de Marruecos.
Dávila aseguró que a la Comunidad de Madrid le consta que dicho sistema opera de forma adecuada, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los métodos de acogida o retorno aplicables en cada caso.
La identificación de los menores y la evaluación de su situación familiar continúan siendo aspectos fundamentales antes de tomar cualquier decisión respecto a su futuro.
El reparto entre autonomías continúa generando controversia
La atención a los menores llegados a Ceuta ha desencadenado un nuevo debate entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas.
Mientras el Ejecutivo sostiene la necesidad de una respuesta coordinada, algunas regiones solicitan información, planificación y recursos antes de aceptar nuevos traslados.
Madrid sostiene que no puede pronunciarse sobre una posible acogida mientras no reciba datos oficiales acerca del número de menores, su situación jurídica y sus necesidades de protección.
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La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, declaró este jueves que el Ejecutivo regional solamente tiene conocimiento de lo sucedido a través de los medios de comunicación y demandó al Gobierno que detalle cuántos menores han sido identificados y en qué condiciones se encuentran.
Madrid reconoce no disponer de cifras sobre los menores
En una visita al Servicio de Emergencia Social, Dávila afirmó que la Comunidad de Madrid no cuenta con datos sobre la cantidad de menores acogidos en Ceuta ni acerca de su situación particular.
“La Comunidad de Madrid no posee información por parte del Gobierno respecto a la situación actual, salvo lo que se difunde en los medios de comunicación”, indicó la consejera.
El Gobierno regional solicita al Gobierno central que facilite datos antes de considerar algún traslado o reparto entre las comunidades autónomas.
La Comunidad responsabiliza al Ejecutivo central
Dávila defendió que es competencia del Gobierno central identificar a los menores, verificar su situación familiar y contactar con sus padres o tutores cuando sea posible.
La consejera señaló que el interés superior del menor implica promover la reunificación familiar cuando existan las garantías legales y de protección adecuadas.
Desde su perspectiva, el Gobierno debe realizar primero todas las verificaciones referentes a la identidad, edad, procedencia y entorno familiar de los niños y adolescentes.
Madrid solicita localizar a las familias
La responsable madrileña aseguró que muchos de los menores podrían tener familiares y pidió que se trabaje para localizarlos.
“Lo que demandamos al Gobierno es que identifique a los menores, que busque a sus familias y que los restituyan con ellas”, afirmó Dávila.
Estas manifestaciones reflejan la postura política de la Comunidad de Madrid. La situación particular de cada menor deberá analizarse conforme a la legislación de protección a la infancia y los procedimientos establecidos.
Dávila menciona el sistema de protección marroquí
La consejera también señaló que, en los casos en los que los menores se encuentren solos, podrían quedar bajo el sistema de protección de Marruecos.
Dávila aseguró que a la Comunidad de Madrid le consta que dicho sistema opera de forma adecuada, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los métodos de acogida o retorno aplicables en cada caso.
La identificación de los menores y la evaluación de su situación familiar continúan siendo aspectos fundamentales antes de tomar cualquier decisión respecto a su futuro.
El reparto entre autonomías continúa generando controversia
La atención a los menores llegados a Ceuta ha desencadenado un nuevo debate entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas.
Mientras el Ejecutivo sostiene la necesidad de una respuesta coordinada, algunas regiones solicitan información, planificación y recursos antes de aceptar nuevos traslados.
Madrid sostiene que no puede pronunciarse sobre una posible acogida mientras no reciba datos oficiales acerca del número de menores, su situación jurídica y sus necesidades de protección.
La Comunidad de Madrid indica que no ha recibido información oficial del Gobierno central sobre la cantidad ni la situación de los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la crisis ocurrida la semana pasada.
La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, declaró este jueves que el Ejecutivo regional solamente tiene conocimiento de lo sucedido a través de los medios de comunicación y demandó al Gobierno que detalle cuántos menores han sido identificados y en qué condiciones se encuentran.
Madrid reconoce no disponer de cifras sobre los menores
En una visita al Servicio de Emergencia Social, Dávila afirmó que la Comunidad de Madrid no cuenta con datos sobre la cantidad de menores acogidos en Ceuta ni acerca de su situación particular.
“La Comunidad de Madrid no posee información por parte del Gobierno respecto a la situación actual, salvo lo que se difunde en los medios de comunicación”, indicó la consejera.
El Gobierno regional solicita al Gobierno central que facilite datos antes de considerar algún traslado o reparto entre las comunidades autónomas.
La Comunidad responsabiliza al Ejecutivo central
Dávila defendió que es competencia del Gobierno central identificar a los menores, verificar su situación familiar y contactar con sus padres o tutores cuando sea posible.
La consejera señaló que el interés superior del menor implica promover la reunificación familiar cuando existan las garantías legales y de protección adecuadas.
Desde su perspectiva, el Gobierno debe realizar primero todas las verificaciones referentes a la identidad, edad, procedencia y entorno familiar de los niños y adolescentes.
Madrid solicita localizar a las familias
La responsable madrileña aseguró que muchos de los menores podrían tener familiares y pidió que se trabaje para localizarlos.
“Lo que demandamos al Gobierno es que identifique a los menores, que busque a sus familias y que los restituyan con ellas”, afirmó Dávila.
Estas manifestaciones reflejan la postura política de la Comunidad de Madrid. La situación particular de cada menor deberá analizarse conforme a la legislación de protección a la infancia y los procedimientos establecidos.
Dávila menciona el sistema de protección marroquí
La consejera también señaló que, en los casos en los que los menores se encuentren solos, podrían quedar bajo el sistema de protección de Marruecos.
Dávila aseguró que a la Comunidad de Madrid le consta que dicho sistema opera de forma adecuada, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los métodos de acogida o retorno aplicables en cada caso.
La identificación de los menores y la evaluación de su situación familiar continúan siendo aspectos fundamentales antes de tomar cualquier decisión respecto a su futuro.
El reparto entre autonomías continúa generando controversia
La atención a los menores llegados a Ceuta ha desencadenado un nuevo debate entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas.
Mientras el Ejecutivo sostiene la necesidad de una respuesta coordinada, algunas regiones solicitan información, planificación y recursos antes de aceptar nuevos traslados.
Madrid sostiene que no puede pronunciarse sobre una posible acogida mientras no reciba datos oficiales acerca del número de menores, su situación jurídica y sus necesidades de protección.
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Madrid reconoce no disponer de cifras sobre los menores
En una visita al Servicio de Emergencia Social, Dávila afirmó que la Comunidad de Madrid no cuenta con datos sobre la cantidad de menores acogidos en Ceuta ni acerca de su situación particular.
“La Comunidad de Madrid no posee información por parte del Gobierno respecto a la situación actual, salvo lo que se difunde en los medios de comunicación”, indicó la consejera.
El Gobierno regional solicita al Gobierno central que facilite datos antes de considerar algún traslado o reparto entre las comunidades autónomas.
La Comunidad responsabiliza al Ejecutivo central
Dávila defendió que es competencia del Gobierno central identificar a los menores, verificar su situación familiar y contactar con sus padres o tutores cuando sea posible.
La consejera señaló que el interés superior del menor implica promover la reunificación familiar cuando existan las garantías legales y de protección adecuadas.
Desde su perspectiva, el Gobierno debe realizar primero todas las verificaciones referentes a la identidad, edad, procedencia y entorno familiar de los niños y adolescentes.
Madrid solicita localizar a las familias
La responsable madrileña aseguró que muchos de los menores podrían tener familiares y pidió que se trabaje para localizarlos.
“Lo que demandamos al Gobierno es que identifique a los menores, que busque a sus familias y que los restituyan con ellas”, afirmó Dávila.
Estas manifestaciones reflejan la postura política de la Comunidad de Madrid. La situación particular de cada menor deberá analizarse conforme a la legislación de protección a la infancia y los procedimientos establecidos.
Dávila menciona el sistema de protección marroquí
La consejera también señaló que, en los casos en los que los menores se encuentren solos, podrían quedar bajo el sistema de protección de Marruecos.
Dávila aseguró que a la Comunidad de Madrid le consta que dicho sistema opera de forma adecuada, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los métodos de acogida o retorno aplicables en cada caso.
La identificación de los menores y la evaluación de su situación familiar continúan siendo aspectos fundamentales antes de tomar cualquier decisión respecto a su futuro.
El reparto entre autonomías continúa generando controversia
La atención a los menores llegados a Ceuta ha desencadenado un nuevo debate entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas.
Mientras el Ejecutivo sostiene la necesidad de una respuesta coordinada, algunas regiones solicitan información, planificación y recursos antes de aceptar nuevos traslados.
Madrid sostiene que no puede pronunciarse sobre una posible acogida mientras no reciba datos oficiales acerca del número de menores, su situación jurídica y sus necesidades de protección.

















