El aspirante de Renovación Popular, que no accede a la segunda vuelta, solicita confidencialidad a funcionarios electorales mientras misiones internacionales confirman la transparencia de las elecciones.
LIMA – Después de las elecciones generales celebradas el pasado fin de semana, el candidato de derecha Rafael López Aliaga anunció una recompensa monetaria de hasta 20.000 soles (aproximadamente 5.700 dólares) para quienes proporcionen pruebas de posibles irregularidades. Esta iniciativa busca respaldar sus acusaciones de fraude, que hasta ahora no cuentan con evidencia sólida.
Incentivo para el anonimato
Mediante sus plataformas oficiales, el líder de Renovación Popular se dirigió directamente a empleados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y compañías relacionadas con el procedimiento electoral.
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«Si posees información certera y verificable acerca de posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece una recompensa de S/. 20,000», afirmó el empresario, garantizando confidencialidad total y proporcionando una dirección de correo electrónico específica para enviar las denuncias.
Contexto de una derrota estrecha
La estrategia de López Aliaga se produce en medio del conteo de votos, que lo posiciona en tercer lugar, fuera de la contienda presidencial. Con el 92,12 % de las actas contabilizadas, la situación actual es la siguiente:
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,05 % (asegurando su pase a la segunda vuelta).
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 12,05 %.
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 11,86 %.
La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 29.013 votos, lo que ha motivado al exalcalde de Lima a intensificar sus reclamos, llegando a solicitar la detención de los responsables electorales y convocar a sus seguidores a una «insurgencia».
Argumentos y evaluación internacional
La principal denuncia de la ultraderecha se basa en los retrasos logísticos que impidieron la apertura puntual de varios centros de votación en Lima. Según López Aliaga, estos problemas le habrían restado cerca de medio millón de votos, aunque no ha presentado datos estadísticos que respalden dicho cálculo.
Por otro lado, observadores de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han confirmado la transparencia del proceso electoral. Si bien reconocieron ciertas deficiencias logísticas, concluyeron que no comprometen la validez de la votación ni constituyen un fraude sistemático.
Decisión en los tribunales
Con cerca de 5.000 actas impugnadas (más del 5 % del total), la definición política en Perú dependerá ahora de los jurados electorales especiales, quienes decidirán quién acompañará finalmente a Fujimori en la segunda vuelta.
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