El presidente del Gobierno transforma su aspiración de liderar la socialdemocracia europea en una serie de conflictos estratégicos, con la conciliación hacia Rabat y la proximidad a Pekín como principales focos de fricción.
Durante su segunda legislatura, la política exterior de Pedro Sánchez ha dado un giro considerable: de buscar estar al frente de la socialdemocracia europea a adoptar una posición defensiva y complicada ante sus socios estratégicos más relevantes. La actividad internacional del Ejecutivo se ha convertido en un instrumento para el consumo interno que, lejos de fortalecer la influencia de España, ha generado importantes desacuerdos con la UE, la OTAN, Estados Unidos e Israel.
El principal revés diplomático se sitúa en el norte de África. El cambio unilateral sobre el Sáhara Occidental para calmar a Rabat produjo la ruptura de las relaciones con Argelia. A pesar del costo geopolítico, la política de subordinación hacia Marruecos ha demostrado ser ineficaz, como puso de manifiesto la crisis migratoria ocurrida el 30 de julio en Ceuta. Además, la afinidad de Moncloa con China —catalogada por la UE como «rival sistémico»— ha despertado preocupación entre los socios comunitarios, especialmente tras la realización de proyectos industriales estratégicos en áreas sensibles como Ferrol, mientras se ha retrasado el acuerdo de Defensa con Japón.
En el ámbito atlántico y de Oriente Próximo, la situación es similar. La reincorporación de Donald Trump a la Casa Blanca ha reactivado las discrepancias relacionadas con el gasto militar exigido por la OTAN y el uso compartido de bases militares como la de Rota. A esto se suman las tensiones con Israel, derivadas del reconocimiento simbólico del Estado palestino —que no logró apoyo central en la UE— y los constantes desacuerdos ideológicos con líderes como Javier Milei en Argentina. Frente a este contexto, la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid es vista como la prueba clave para determinar si el protagonismo buscado por Sánchez se traduce en influencia efectiva o si confirma el aislamiento diplomático de España.
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Durante su segunda legislatura, la política exterior de Pedro Sánchez ha dado un giro considerable: de buscar estar al frente de la socialdemocracia europea a adoptar una posición defensiva y complicada ante sus socios estratégicos más relevantes. La actividad internacional del Ejecutivo se ha convertido en un instrumento para el consumo interno que, lejos de fortalecer la influencia de España, ha generado importantes desacuerdos con la UE, la OTAN, Estados Unidos e Israel.
El principal revés diplomático se sitúa en el norte de África. El cambio unilateral sobre el Sáhara Occidental para calmar a Rabat produjo la ruptura de las relaciones con Argelia. A pesar del costo geopolítico, la política de subordinación hacia Marruecos ha demostrado ser ineficaz, como puso de manifiesto la crisis migratoria ocurrida el 30 de julio en Ceuta. Además, la afinidad de Moncloa con China —catalogada por la UE como «rival sistémico»— ha despertado preocupación entre los socios comunitarios, especialmente tras la realización de proyectos industriales estratégicos en áreas sensibles como Ferrol, mientras se ha retrasado el acuerdo de Defensa con Japón.
En el ámbito atlántico y de Oriente Próximo, la situación es similar. La reincorporación de Donald Trump a la Casa Blanca ha reactivado las discrepancias relacionadas con el gasto militar exigido por la OTAN y el uso compartido de bases militares como la de Rota. A esto se suman las tensiones con Israel, derivadas del reconocimiento simbólico del Estado palestino —que no logró apoyo central en la UE— y los constantes desacuerdos ideológicos con líderes como Javier Milei en Argentina. Frente a este contexto, la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid es vista como la prueba clave para determinar si el protagonismo buscado por Sánchez se traduce en influencia efectiva o si confirma el aislamiento diplomático de España.
El presidente del Gobierno transforma su aspiración de liderar la socialdemocracia europea en una serie de conflictos estratégicos, con la conciliación hacia Rabat y la proximidad a Pekín como principales focos de fricción.
Durante su segunda legislatura, la política exterior de Pedro Sánchez ha dado un giro considerable: de buscar estar al frente de la socialdemocracia europea a adoptar una posición defensiva y complicada ante sus socios estratégicos más relevantes. La actividad internacional del Ejecutivo se ha convertido en un instrumento para el consumo interno que, lejos de fortalecer la influencia de España, ha generado importantes desacuerdos con la UE, la OTAN, Estados Unidos e Israel.
El principal revés diplomático se sitúa en el norte de África. El cambio unilateral sobre el Sáhara Occidental para calmar a Rabat produjo la ruptura de las relaciones con Argelia. A pesar del costo geopolítico, la política de subordinación hacia Marruecos ha demostrado ser ineficaz, como puso de manifiesto la crisis migratoria ocurrida el 30 de julio en Ceuta. Además, la afinidad de Moncloa con China —catalogada por la UE como «rival sistémico»— ha despertado preocupación entre los socios comunitarios, especialmente tras la realización de proyectos industriales estratégicos en áreas sensibles como Ferrol, mientras se ha retrasado el acuerdo de Defensa con Japón.
En el ámbito atlántico y de Oriente Próximo, la situación es similar. La reincorporación de Donald Trump a la Casa Blanca ha reactivado las discrepancias relacionadas con el gasto militar exigido por la OTAN y el uso compartido de bases militares como la de Rota. A esto se suman las tensiones con Israel, derivadas del reconocimiento simbólico del Estado palestino —que no logró apoyo central en la UE— y los constantes desacuerdos ideológicos con líderes como Javier Milei en Argentina. Frente a este contexto, la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid es vista como la prueba clave para determinar si el protagonismo buscado por Sánchez se traduce en influencia efectiva o si confirma el aislamiento diplomático de España.
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Durante su segunda legislatura, la política exterior de Pedro Sánchez ha dado un giro considerable: de buscar estar al frente de la socialdemocracia europea a adoptar una posición defensiva y complicada ante sus socios estratégicos más relevantes. La actividad internacional del Ejecutivo se ha convertido en un instrumento para el consumo interno que, lejos de fortalecer la influencia de España, ha generado importantes desacuerdos con la UE, la OTAN, Estados Unidos e Israel.
El principal revés diplomático se sitúa en el norte de África. El cambio unilateral sobre el Sáhara Occidental para calmar a Rabat produjo la ruptura de las relaciones con Argelia. A pesar del costo geopolítico, la política de subordinación hacia Marruecos ha demostrado ser ineficaz, como puso de manifiesto la crisis migratoria ocurrida el 30 de julio en Ceuta. Además, la afinidad de Moncloa con China —catalogada por la UE como «rival sistémico»— ha despertado preocupación entre los socios comunitarios, especialmente tras la realización de proyectos industriales estratégicos en áreas sensibles como Ferrol, mientras se ha retrasado el acuerdo de Defensa con Japón.
En el ámbito atlántico y de Oriente Próximo, la situación es similar. La reincorporación de Donald Trump a la Casa Blanca ha reactivado las discrepancias relacionadas con el gasto militar exigido por la OTAN y el uso compartido de bases militares como la de Rota. A esto se suman las tensiones con Israel, derivadas del reconocimiento simbólico del Estado palestino —que no logró apoyo central en la UE— y los constantes desacuerdos ideológicos con líderes como Javier Milei en Argentina. Frente a este contexto, la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid es vista como la prueba clave para determinar si el protagonismo buscado por Sánchez se traduce en influencia efectiva o si confirma el aislamiento diplomático de España.

















