La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), encargada de administrar las participaciones del Estado en compañías estratégicas, está en el centro de una investigación judicial que ha culminado con la detención de su exdirectora general, Leire Díez, el expresidente Vicente Fernández y el socio de Servinabar, Antxon Alonso.
El juez Ismael Moreno, responsable de la causa en la Audiencia Nacional, ha rechazado temporalmente la solicitud de Díez para invalidar los audios incorporados a la investigación, la cual continúa bajo secreto de sumario.
Qué es la SEPI y su relevancia
La SEPI es una entidad pública con personalidad jurídica propia, encargada de gestionar las participaciones estatales en sectores estratégicos como energía, defensa, telecomunicaciones y transporte. Entre sus activos principales figuran empresas como Airbus, Navantia, Correos y RTVE. Además de supervisar los fondos públicos destinados a estas compañías, la SEPI desempeña un papel clave en la política industrial estatal, coordinando reestructuraciones y asegurando la competitividad de las empresas públicas.
Participación de Leire Díez
Leire Díez dirigió la SEPI entre 2018 y 2019. La investigación sugiere que pudo beneficiar a ciertas compañías en la adjudicación de contratos públicos, presuntamente sin respetar los procedimientos de licitación establecidos. También se analizan posibles irregularidades en la gestión de contratos de gran volumen, especialmente en el sector energético.
Detalles de la operación
La UCO efectuó 19 registros en ciudades como Madrid, Zaragoza y Sevilla, entre otras, y mantiene a los detenidos en los calabozos de la Comandancia de Madrid a la espera de prestar declaración ante el juez. Se les atribuyen presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Servinabar, vinculada a Antxon Alonso, habría formado uniones temporales de empresas (UTE) con Acciona para concurrir a concursos públicos, cobrando comisiones por contratos sin ejecutar los trabajos. Vicente Fernández, tras su paso por la SEPI, fue contratado por esta compañía y percibió más de 200.000 euros en tres años.
Fuentes del sector afirman que la denominada “trama de Leire” habría tenido como objetivo asesorar a empresas para acceder a negocios con la administración durante el Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que supuestamente se apartaba a competidores considerados contrarios a la línea política de Ferraz.
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