Barcelona – La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha publicado un informe que revela la existencia de prácticas ilegales en las prisiones de Cataluña, destacando un patrón de malos tratos que comprende el uso excesivo de medidas de contención, castigos físicos y represalias contra quienes denuncian malas condiciones.
Esta investigación se hizo pública con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, celebrado el 26 de junio, y forma parte del Índice Global de la Tortura, un instrumento que analiza el respeto a los derechos humanos en centros de detención a nivel mundial. En el caso catalán, la OMCT advierte sobre conductas que no favorecen la rehabilitación y poseen un carácter meramente punitivo.
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Uso inapropiado de medidas de contención y castigos físicos
De acuerdo con el informe, el personal penitenciario frecuentemente recurre a técnicas de contención como la inmovilización de internos atándolos a las camas y también aplica castigos físicos. Estas prácticas contravienen la normativa vigente y los estándares internacionales de derechos humanos.
Limitaciones en el acceso a la defensa legal
La OMCT también señala carencias estructurales en el acceso de los internos a una defensa legal adecuada. El informe indica que los detenidos rara vez tienen un contacto regular con abogados, ni se garantiza su derecho a ser presentados ante un juez o a contar con asistencia de intérpretes y traductores. Además, sostienen que los mecanismos para presentar denuncias por malos tratos o solicitar protección son ineficaces o practicamente inexistentes.
Dificultades médicas y deficiente aplicación del Protocolo de Estambul
Otro aspecto problemático identificado en el informe es la falta de atención médica independiente e inmediata para quienes denuncian torturas, lo que dificulta la obtención de pruebas y complica la investigación de los abusos.
Asimismo, la OMCT critica que la implementación del Protocolo de Estambul, el estándar internacional promovido por la ONU para documentar la tortura, es inconsistente en Cataluña y carece de las salvaguardas necesarias para garantizar una documentación completa y fiable.
Represalias y acoso hacia quienes denuncian
El informe incluye múltiples relatos de internos que han sufrido represalias después de presentar quejas por malos tratos. Entre estas se encuentran un incremento en los registros personales, sanciones disciplinarias sin justificación, traslados a prisiones de mayor seguridad, aislamiento y actos de intimidación por parte del personal.
La OMCT también advierte sobre un riesgo especialmente elevado de torturas y malos tratos durante la detención de personas migrantes en situación irregular y de activistas vinculados a movimientos ideológicos como el anarquismo, el independentismo o el ecologismo.
España en la mira internacional
En el ámbito del control fronterizo, la OMCT coloca a España junto a países como Libia, Túnez, Bielorrusia y Hungría debido al uso desproporcionado de la fuerza. Como caso ilustrativo, se menciona la tragedia ocurrida en Melilla en 2022, con al menos 37 fallecidos durante una intervención policial que, según el informe, todavía no ha sido investigada formalmente.
Además, la organización expresa preocupación por la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España y alerta que varios defensores de derechos humanos han debido exiliarse en los últimos tres años, comparando esta realidad con la de países como Etiopía, Filipinas o México.
Una problemática no sistémica pero persistente
A pesar de la seriedad de las denuncias, la OMCT clasifica a España con un riesgo “moderado”, evaluando que la tortura y los malos tratos no son sistémicos, aunque ocurren con una frecuencia notable. El informe destaca casos frecuentes de abusos policiales en manifestaciones y detenciones, que incluyen agresiones físicas, posturas forzadas, amenazas e incluso humillaciones de carácter sexual.
La organización insta a las autoridades españolas y especialmente a las catalanas a fortalecer los sistemas de prevención, protección y supervisión en las prisiones para asegurar la responsabilidad de quienes perpetúan estas prácticas.
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