MADRID — La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de analizar si la entrada masiva e irregular de inmigrantes a Ceuta a finales de julio representó un ataque a la integridad territorial de España, ha constatado que se pidieron «medidas urgentes» en las reuniones previas entre altos cargos del Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno.
Mediante una providencia, la juez resalta que los distintos testigos que han declarado han coincidido en afirmar que en las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio se alertó repetidamente sobre la gravedad de la situación y la necesidad de activar acciones extraordinarias. Estas diligencias buscan aclarar qué advertencias existieron previamente y cuál fue la respuesta operativa concreta de las instituciones.
En el desarrollo de la investigación, Tardón ha pedido al Gobierno de Ceuta y a la Delegación del Gobierno toda la documentación relacionada con esas reuniones. Además, la resolución incluye una crítica severa al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, debido a la falta de colaboración, ya que aún no ha remitido los datos detallados sobre entradas, devoluciones, menores atendidos y recursos desplegados desde el incidente.
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En el desarrollo de la investigación, Tardón ha pedido al Gobierno de Ceuta y a la Delegación del Gobierno toda la documentación relacionada con esas reuniones. Además, la resolución incluye una crítica severa al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, debido a la falta de colaboración, ya que aún no ha remitido los datos detallados sobre entradas, devoluciones, menores atendidos y recursos desplegados desde el incidente.
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MADRID — La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de analizar si la entrada masiva e irregular de inmigrantes a Ceuta a finales de julio representó un ataque a la integridad territorial de España, ha constatado que se pidieron «medidas urgentes» en las reuniones previas entre altos cargos del Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno.
Mediante una providencia, la juez resalta que los distintos testigos que han declarado han coincidido en afirmar que en las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio se alertó repetidamente sobre la gravedad de la situación y la necesidad de activar acciones extraordinarias. Estas diligencias buscan aclarar qué advertencias existieron previamente y cuál fue la respuesta operativa concreta de las instituciones.
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En el desarrollo de la investigación, Tardón ha pedido al Gobierno de Ceuta y a la Delegación del Gobierno toda la documentación relacionada con esas reuniones. Además, la resolución incluye una crítica severa al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, debido a la falta de colaboración, ya que aún no ha remitido los datos detallados sobre entradas, devoluciones, menores atendidos y recursos desplegados desde el incidente.
