La magistrada Beatriz Biedma concluye la instrucción del caso que involucra a David Sánchez, procesado junto a otras diez personas por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Ahora, la Audiencia decidirá si procede abrir juicio oral.
La jueza Beatriz Biedma, responsable del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha puesto fin a la investigación judicial en torno al músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El caso ha sido remitido a la Audiencia Provincial de Badajoz para que determine si es necesario iniciar un juicio oral. Esta diligencia cierra una compleja instrucción que la propia Audiencia ha calificado previamente como “notable” en sus resoluciones.
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El cierre se produjo tras la negativa a aceptar el último recurso presentado por la defensa de David Sánchez, que solicitaba la exclusión de más de 8.000 correos electrónicos intervenidos y el archivo del procedimiento. La jueza desestimó esta petición, al igual que otras anteriores hechas por las defensas de implicados, entre ellos Luis Carrero, exasesor de Moncloa, quien presuntamente accedió a un puesto en la Diputación de Badajoz después de que Sánchez se incorporara a dicha institución en 2017.
El caso, que se inició en mayo de 2024 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias y una investigación publicada por El Debate, evolucionó desde un trámite inicial a una instrucción de gran alcance. Ante las demoras de la Diputación en facilitar documentación, la jueza Biedma autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a los correos electrónicos de los investigados. En ellos se encontraron referencias al término “hermanísimo” el mismo día en que se publicaron las bases del concurso público mediante el cual se contrató a Sánchez, lo que fortaleció las sospechas de irregularidades.
Durante la instrucción, se registraron tensiones institucionales. La fiscal inicialmente apoyó las decisiones judiciales, pero posteriormente cambió su postura y se opuso a algunas actuaciones de la juez. Varias personas aspirantes a la plaza denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de selección ante la Fiscalía, sin recibir respuesta; estos hechos quedaron registrados en el expediente judicial.
Además, el intento del entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de obtener el aforamiento parlamentario en medio de la pesquisa fue considerado por la juez y por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como una acción realizada “en fraude de ley”.
La causa finaliza con once personas procesadas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Audiencia Provincial estudiará ahora el expediente completo y decidirá si convoca un juicio oral. Según fuentes jurídicas, de celebrarse, el juicio podría retrasarse hasta 2026 debido a la carga de trabajo del tribunal.
Por otro lado, Moncloa ha confirmado que asumió los gastos del hermano del presidente durante el tiempo que estuvo vinculado a su cargo en la Diputación de Badajoz, aunque no ha proporcionado detalles sobre el monto ni los conceptos pagados.
Con la remisión del caso, la jueza Beatriz Biedma cierra una instrucción seguida con especial atención política y mediática desde sus inicios, cuya firmeza jurídica ha sido respaldada en reiteradas ocasiones por la Audiencia Provincial.
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